La sesión de la comisión de Fiscalización y Contraloría, presidido por el congresista Wilson Quispe, recibe en calidad de invitado al gobernador Regional de Amazonas, Gilmer Horna. Participan en la sesión los congresistas Edgard Reymundo, Elías Varas, Waldemar Cerrón y Segundo Montalvo. (Congreso de la República/JCSanchez)
Presidente de ese grupo, legislador Wilson Quispe (PL):
El congresista Wilson Quispe Mamani (PL), presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, criticó que el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda, no asista al llamado de ese grupo de trabajo por tercera vez consecutiva.
Así lo manifestó, el miércoles 18, durante la quinta sesión ordinaria, luego de dar cuenta del oficio enviado por el titular de la PCM quien solicitó su dispensa a la sesión por encontrarse fuera del país. El documento agrega que en su representación asistirá el viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM, Paúl Caiguaray.
Otárola Peñaranda tenía que informar sobre las denuncias públicas por las contrataciones a favor de dos supuestas amigas cercanas que habrían obtenido puestos dentro del Estado. Además, informar sobre las acciones que el Gobierno tomará ante la llegada del fenómeno de El Niño.
En razón a ello, Quispe Mamani dijo que el titular de la PCM tiene que explicar las acciones que se están tomando frente a la sequía que ya está afectando gravemente a los agricultores y ganaderos.
Manifestó que la comisión no puede ser ajena a la problemática que afecta a la población. “Como comisión no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que prever y su ausencia es una falta de respeto a este poder del Estado democrático”, enfatizó.
Agregó que la citación a ese grupo de trabajo responde también al petitorio de varios congresistas quienes han solicitado aclare los supuestos contratos irregulares realizados.
“Vamos a dar cuenta al Consejo Directivo de la ausencia del premier, sobre su inasistencia, porque es el pedido de varios parlamentarios”, dijo.
COMISIÓN INVESTIGADORA
Previamente, la Comisión de Fiscalización y Contraloría puso a debate la propuesta para solicitar al Pleno del Congreso facultades al Pleno para investigar supuestos actos ilícitos en los gobiernos regionales y locales.
Se plantea indagar presuntos actos de corrupción, posibles ilícitos y actos irregulares por parte de los gobiernos regionales y locales a nivel nacional, el mismo que se pondrá a votación en la siguiente sesión.
Al respecto, el congresista Héctor Ventura Ángel (FP) se mostró a favor de que se investigue a los gobiernos regionales, no obstante, se pidió que la moción no sea tan generalizada y se especifique a qué funcionarios y gobernadores regionales se quiere investigar.
“Hay que hacer algunos reajustes y especificar qué acciones administrativas o de control político van a ser materia de investigación. Se tiene que especificar los temas, si esto va ser de manera general va ser muy ambiguo, no nos va alcanzar el tiempo”, aseveró.
Carlos Zeballos Madariaga (PP) propuso que se investigue los gastos de todos gobiernos regionales del norte del país, que es la zona donde se va investir para afrontar el fenómeno de El Niño.
“Estamos hablando de 3 mil millones de soles, se vienen licitaciones para compra de maquinarias y otros insumos que se tienen que fiscalizar”, precisó.
Edgard Reymundo Mercado (CD-JP), manifestó que la moción debe tener ciertos lineamientos y parámetros para no ser genérica. “Hay muchos gobiernos regionales, distritales y locales. Tenemos que ser más específicos a los temas que se requiere indagar”, subrayó.
En la misma línea, la parlamentaria Martha Moyano Delgado (FP) consideró que no se puede crear una comisión investigadora para indagar a los gobiernos regionales, por el contrario, tiene que ir destinado a funcionarios. “No se puede investigar a 29 gobiernos regionales, 196 municipios provinciales y 1894 distritos”, afirmó.
SUSTENTACIONES
En otro momento, el congresista Edgard Reymundo Mercado (CD) sustentó los proyectos de ley 3069/2022 y 5864/2023, de su autoría.
El primero propone modificar la ley 30057, Ley del Servicio Civil, que tiene por finalidad regular la defensa legal de los servicios civiles que incurran en la comisión de los delitos contra la administración pública.
Y, el segundo, propone la ley que incorpora conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional.
Hizo lo propio el parlamentario Waldemar Cerrón Rojas (PL) respecto a su iniciativa legislativa 1028/2021, que propone la ley que modifica el artículo 19, el título del capítulo VI, el título del artículo 39 e incorpora el artículo 40-A en la ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control de la Contraloría General.
Cerrón Rojas señaló que la propuesta fortalece a autonomía funcional del jefe auditor interno de la Contraloría de la República, para que actúe con independencia, desarrollando una labor eficiente, sin interferencias y sin el temor de ser separado del cargo.
Ello debido a que actualmente el mencionado funcionario es designado por el contralor general, dependiendo de él su permanencia, ya que puede ser cesado en cualquier momento, careciendo de autonomía e independencia en el desarrollo de sus labores de control dentro de la Contraloría de la República.
“Con esta propuesta, el principio del control gubernamental que es la autonomía funcional estará presente también en la Contraloría General de la República, que es la institución rectora del sistema de control en nuestro país.
Seguidamente, se presentó Gilmer Horna Corrales y Laura Gutiérrez Gonzales, gobernador regional de Amazonas y presidenta ejecutiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, respectivamente.
Ambos, fueron citados para que informen del estado situacional de la ejecución del proyecto sobre “Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud al Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba – Diresa – Amazonas”.
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