Caso Ayotzinapa: renuncia el fiscal Omar Gómez Trejo
El fiscal de la unidad especializada en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes en el sur de México en 2014 presentó su renuncia después de tener problemas por falta de personal y de polémicas medidas que parecían relegarle de un caso cuya investigación podría ahora sufrir un duro golpe, según los abogados de las víctimas y organizaciones internacionales.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció el martes la dimisión de Omar Gómez Trejo, encargado de la investigación desde 2019, por no estar de acuerdo con los procedimientos para determinar quiénes debían ser detenidos.
La Fiscalía General de la República (FGR) retiró órdenes de captura contra 21 personas, incluidos 16 militares, días después de que estas aprehensiones fueran solicitadas por la unidad de Gómez Trejo y después de que la Comisión de la Verdad ofreciera nuevos indicios de este “crimen de Estado” —como lo calificó esta entidad oficial- que apuntaban a una participación activa del Ejército en las desapariciones.
LOS 43 ESTUDIANTES DESAPARECIERON CUANDO IBAN A UNA MANIFESTACIÓN HACE OCHO AÑOS
López Obrador dijo apoyar la medida tomada por la FGR pero garantizó que no se va “a descarrilar la investigación” pese a que el gobierno está recibiendo “muchas presiones de todo tipo y de muchas partes”. No ofreció detalles.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que depende el grupo de expertos internacionales que lleva investigando el caso desde 2015 y que todavía no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos, mostró su preocupación porque desde agosto la unidad de Gómez Trejo no contaba “con personal policial de investigación” necesario para recabar pruebas, judicializar nuevos cargos y dar seguimiento a los procesados.
En un comunicado divulgado la víspera de conocerse su renuncia, la CIDH pedía que se garantizara su independencia, que se reorientaran los mecanismos para el esclarecimiento del caso y mostraba su preocupación por el desistimiento de las órdenes de captura y por los perjuicios de cambiar a los investigadores en un caso tan complejo.
Los padres de los estudiantes denunciaron el lunes en su manifiesto por el octavo aniversario de las desapariciones que pese al trabajo realizado por la Comisión de la Verdad y las recientes detenciones de tres militares clave y del ex procurador general Jesús Murillo Karam se han dado retrocesos, según afirman, por “guerras internas” dentro de una administración que “sucumbe al poder militar”.
De hecho, en la primera audiencia contra el exprocurador, clave para que su procesamiento por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia sea claro, no estuvo presente la unidad de Gómez Trejo y hasta el juez amonestó a los ministerios públicos por no estar preparados.
Varias de las familias pidieron el lunes la dimisión del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que ha sido criticado por sus abogados.
El Centro Prodh, la ONG de derechos humanos que les representa, denunció el martes lo que consideró una “injerencia indebida de los superiores jerárquicos” de Gómez Trejo en su trabajo.
El apoyo al exfiscal se hizo notar el mismo martes desde instancias del mismo gobierno. Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de desaparecidos, dijo que Gómez Trejo representó “los poquísimos espacios de investigación independiente y seria” sobre violaciones a los derechos humanos en México.
En su cuenta de Twitter, afirmó que la injerencia a su trabajo “viola” el derecho de los 43 estudiantes, sus familias y la sociedad a la verdad y la justicia.
El presidente López Obrador, sin embargo, mantuvo su total respaldo al fiscal general aunque en el informe de la Comisión de la Verdad, que es también un organismo oficial, se denunciaron problemas de coordinación dentro de la FGR.
El mandatario insistió el martes en que quienes critican la actuación de las autoridades mexicanas quieren debilitar las instituciones. La víspera se pronunció de forma similar contra quienes atacan al Ejército ya que, en su opinión, sólo unos pocos tuvieron responsabilidad en la desaparición de los estudiantes y serán procesados por ello.
Hay cuatro militares encarcelados por el caso, entre ellos quien, según el presidente de la Comisión de la Verdad Alejandro Encinas, habría presuntamente ordenado matar a algunos de los muchachos. El informe de esta entidad, parcialmente tachado, apuntaba a que soldados manipularon y escondieron presuntos restos de los estudiantes en instalaciones militares de Iguala, en el estado de Guerrero.
Estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa acudieron a esa ciudad el 26 de septiembre de 2014 a tomar autobuses para usarlos en protestas, pero fueron atacados por distintas fuerzas de seguridad y autoridades coludidas con el crimen organizado. No está claro el móvil, pero se ha afianzado la idea de que uno de los autobuses que se llevaron estaba vinculado al tráfico de heroína.
Durante la anterior administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) se diseñó toda una estrategia para inventar una verdad paralela a base de torturas y manipulación de evidencia, según quedó confirmado por la Fiscalía mexicana y la Comisión de la Verdad. Sin embargo, se desconoce todavía qué pasó realmente con los jóvenes. Se presume que todos fueron asesinados pero sólo se han encontrado restos de tres de ellos.
Tenemos “muchas presiones de todo tipo” por Ayotzinapa, reconoce AMLO
Aun cuando existen presiones que pretenden descarrillar la investigación del caso Ayotzinapa, se seguirá con las indagatorias, para esclarecer los crímenes contra los normalistas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En la mañanera de este martes, el mandatario federal confirmó la renuncia del fiscal de la Unidad Especial para el caso de la Fiscalía General de la República (FGR), Omar Gómez Trejo –que adelantó hoy este diario en su edición impresa— y dijo que la dimisión se dio porque hubo diferencias en las órdenes de aprehensión contra los presuntos responsables.
A la par, López Obrador dijo que apoya que la FGR se haya desistido de las 21 órdenes de captura, pues éstas no estaban contempladas en la investigación realizada por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), que es presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Este martes, La Jornada publicó que Gómez Trejo presentó su dimisión al cargo luego de que, sin consultarlo, agentes del Ministerio Público Federal se desistieron de 21 órdenes de aprehensión que había solicitado la FGR y aprobado el juzgado segundo de distrito en materia penal, con sede en Toluca, en contra de 83 presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
“El fiscal (Gómez Trejo) se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión, o sea hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento (de la Covaj), que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”, enfatizó al ser interrogado sobre la salida del funcionario.
Tras la movilización de ayer por el octavo aniversario de los crímenes, cometidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 y días subsecuentes, el jefe del Ejecutivo federal pidió confianza a los padres y las madres de los 43 normalistas.
“Ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y estoy acostumbrado a resistir. Que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos, los que ordenaron este crimen, los que encubrieron a los responsables, los seudodefensores de derechos humanos, que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación, vamos a seguir adelante, sin limitaciones, sin presiones”.
Prevé que en próximos días se presenten nuevas argucias de los señalados como probables responsables a fin de desestimar el trabajo de la Covaj. “Ya sabemos lo que viene después, vienen otras denuncias, porque van a querer enrarecer y descalificar la investigación, no lo van a lograr. Y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros respetando la libertad de expresión, informándole al pueblo de todo”.
El presidente se dirigió también a las familias de los estudiantes desaparecidos de manera forzada. “Decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación (…) Estoy atento a todo lo que está sucediendo, decirles que estamos actuando de conformidad con la investigación que realizó el equipo encargado de la misma, la comisión que encabeza Alejandro Encinas y que no hay impunidad para nadie y que tampoco vamos a permitir que entren o que quieran los zopilotes y buitres y halcones y cómplices”.
Expresó todo su respeto y reconocimiento a las madres y a los padres, a la que consideró la parte “más limpia, sincera e íntima” en medio de esta situación, pues “todo lo demás, porque hasta los más cercanos, supuestamente defensores, abogados, ya es otro asunto, hay unos auténticos y otros muy falsarios, acostumbrados a traficar con el dolor humano, a sacar raja, a sacar provecho del dolor humano”.
Sobre la filtración que se dio de la parte que se había mantenido testada del documento de la Covaj, dijo que si bien en principio se pronunció porque se diera a conocer toda la investigación, sin sesgos, a fin de que “los conservadores, reaccionarios y corruptos” no tergiversaran ni manipularan las cosas, en este caso en particular “están de por medio los sentimientos de los padres, porque hay cosas muy feas, horrendas que sucedieron. Y además con el pretexto del debido proceso no se dice nada y como no hay información, especulan y pueden generar campañas de desinformación a su antojo, cuando se informa es distinto”.
Aseguró que cuando le presentaron el informe, habló con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa y les hizo saber que se trataba de un contenido muy doloroso, pero que pese a ello se debía conocer la verdad.
El presidente enfatizó que pese a esa filtración, el poder Judicial no puede argumentar el debido proceso, pues se trata de un asunto “importantísimo de justicia” y anteponer el debido proceso implicaría “avalar el método del juez de Matamoros”, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha concedido sentencias absolutorias en favor de 120 implicados en los crímenes contra los normalistas.
Sobre este togado, remarcó que ya se presentó la denuncia penal en su contra para indagar su actuación. “No puede ser que por cuestiones de forma se pisotee la justicia. ¿Cómo se va a dejar en libertad a 120 presuntos responsables de hechos tan lamentables como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Entonces, que ya le quiten el nombre de Suprema Corte de Justicia y que sea Suprema Corte del Derecho, no de justicia, que sean puros técnicos (…) ¿La justicia dónde queda? ¿Es debido proceso o debido pretexto? ¿Y de quién es la culpa?, que del Ministerio Público que no integra bien la averiguación o el expediente. ¡Ah y el juez se aprovechó que no venía bien y no hubo precisión en esto y para fuera, libertad!”.
Fuente: Agencia Nodal | Telemundo | La Jornada
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