La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, por unanimidad, medidas restrictivas para que ningún condenado pueda pertenecer o reingresar al servicio educativo, con el propósito de salvaguardar la seguridad e integridad de los estudiantes que están bajo la custodia, cuidado y dirección de personal educativo de entidades públicas y privadas.
Hasta la fecha, están prohibidos de ejercer la docencia aquellos condenados por terrorismo y apología, proxenetismo, pornografía infantil, proposiciones con fines sexuales, trata de personas, explotación sexual, esclavitud, tráfico ilícito de drogas, homicidio simple y calificado, sicariato, secuestro y extorsión, contra la humanidad y violación de la intimidad.
Con la aprobación de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo y aprobada sin ningún voto en contra, se señala que los condenados por la publicación en los medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes, así como los sentenciados por exhibiciones y publicaciones obscenas tampoco podrán pertenecer al servicio educativo.
Es más, es causal para que un docente o un personal administrativo de instituciones educativas, sea del ámbito público y privado, pueda ser separado definitivamente o destituido.
La presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Gladys Echaíz De Núñez Ízaga (APP), sustentó la propuesta que modifica la Ley N.° 29988, que precisamente establece estas nuevas medidas extraordinarias para el personal docente o administrativo que prestan su servicio en el ámbito educativo.
Otro tema aprobado en ese grupo de trabajo fue el Proyecto de Ley 827/2021-CR, presentado por la legisladora Adriana Tudela (Avanza País), que facilita la notificación electrónica dentro de los procedimientos que se llevan ante la administración pública de forma permanente.
Finalmente, se aprobó el pedido del congresista Waldemar Cerrón Rojas (PL), para priorizar el Proyecto de Ley 565/2021-CR, que plantea la modificación del Código Procesal Penal, en el extremo de la colaboración eficaz.
Antes, el grupo de trabajo atendió las exposiciones de Renato Ali Núñez, del Poder Judicial; Omar Tello Rosales, del Ministerio Público; y Alejandro Rabanal, de la Superintendencia de Mercado de Valores, respecto a los alcances de la propuesta de ley 676/2021, que propone modificar la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para fortalecer la investigación del cohecho nacional, transnacional y otros delitos.
El objeto de la iniciativa legislativa es mejorar el marco normativo en torno a la prevención y sanción de los actos de corrupción vinculados a transacciones comerciales internacionales, la responsabilidad de las personas jurídicas por la comisión de delitos y promover la mejora del buen gobierno corporativo.
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