Con 74 votos a favor, 16 en contra y 18 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó conformar una Comisión investigadora multipartidaria durante un plazo de 45 días hábiles para el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas o sancionar la conducta de los funcionarios y servidores públicos que resulten responsables de incumplir con las medidas sanitarias y de protección a la ciudadanía frente al COVID-19.
La moción está dirigida para el Gran Mercado Mayorista de Lima, el Mercado Tierra Prometida en Santa Anita y los servicios de transporte público de pasajeros de Lima y Callao, desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia sanitaria del coronavirus hasta la actualidad.
Asimismo, la moción fue planteada por el parlamentario Jorge Pérez Flores de la bancada de Somos Perú y presentada el 15 de abril de 2021, la Junta de Portavoces, en la misma fecha, acordó la exoneración de plazo de publicación en el portal del Congreso y ampliación de agenda.
Previamente, el Pleno admitió a debate con votación de la mayoría, y durante la discusión el parlamentario Carlos Almerí Veramendi (PP) se mostró en contra de la conformación de dicho grupo de trabajo y propuso que “sea la Comisión de fiscalización con un subgrupo de trabajo, porque sería la única que tiene el deber de intervenir”, dijo.
Por su parte, la congresista Martha Chávez Cossío (NA) señaló que se requiere una aproximación mucho más completa sobre el tema de la moción.» Yo pediría no solamente que se aborde el tema de la transferencia, sino también el tema de la empresa municipal de mercados, porque hay violaciones de derecho y corrupción», sostuvo.
En tanto, el legislador Guillermo Aliaga Pajares (SP) indicó que su bancada votaría a favor de la moción por ser un caso donde familias mueren por COVID-19 por culpa de funcionarios que mal gastan el dinero. «Es momento de buscar la responsabilidad civil, administrativa y de ser el caso penal de aquellas personas que le dieron la espalda a la población. No es posible que se haya transferido cantidades de dinero y la deficiencia de los responsables para dar uso de ese dinero», expresó.
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