La Comisión de Mujer y Familia, que preside la congresista Carolina Lizárraga Houghton (PM), aprobó, por unanimidad, el dictamen que propone la Ley que promueve la capacitación y el uso de nuevas tecnologías en la atención de denuncias y la asistencia psicológica y legal de las mujeres y los integrantes del grupo familiar víctimas de violencia.
Fue el lunes 5 de abril durante la trigésima segunda sesión ordinaria virtual a través de la plataforma virtual.
La propuesta busca modificar el artículo 44 de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
La titular del grupo de trabajo señaló que el Centro de Altos Estudios, en estrecha coordinación con la Academia de la Magistratura, la Escuela del Ministerio Público, el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial, el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, contribuyen al desarrollo específico de capacitación en el uso de tecnologías digitales al personal encargado de conocimiento, denuncias y la asistencia psicológica y legal de las víctimas de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.
Indicó que, para dicho objetivo, el Centro de Altos Estudios cuenta con el apoyo técnico de la Secretaría del Gobierno Digital para el desarrollo de los indicados programas de capacitación sobre la gestión e implementación de tecnologías digitales.
MENDICIDAD INFANTIL Y ADOLESCENTE
Con la finalidad de concientizar a la ciudadanía sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los niños, niñas y adolescentes en situación de mendicidad, la Comisión de la Mujer y Familia también aprobó, por unanimidad, el dictamen que declara el 5 de setiembre de cada año como el Día Nacional Contra la Mendicidad Infantil y Adolescente.
La propuesta fundamenta que esta problemática se caracteriza por la situación de vulnerabilidad severa en la que se encuentran los menores de edad, quienes, al trabajar en las calles en precarias condiciones, se exponen a diversos peligros, contraviniéndose sus derechos a la dignidad, bienestar y libre desarrollo, y que ven frustradas sus aspiraciones y que dejan de lado su derecho a la educación básica regular.
Indica que el Estado peruano ha afrontado esta problemática mediante programas sociales que han obtenido resultados favorables, sin embargo, en la actualidad es un mal que persiste, incluso si se considera a la pandemia por la COVID-19, la cual viene afectando la economía de todos los peruanos y también de los extranjeros que se han trasladado en el país, que muchas veces lamentablemente utilizan a los niños y adolescentes para la mendicidad.
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