La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC) aprobó, por mayoría, declarar procedente la denuncia constitucional contra Martín Vizcarra Cornejo en su condición de exministro de Transportes y Comunicaciones, la misma que fue presentada por la excongresista Yeny Vilcatoma de La Cruz.
El informe técnico de calificación de la SCAC recomendó declarar procedente dicha acusación por infracción a la Constitución en su artículo 126. Puesto al voto, contó con la aprobación de once votos, uno en contra y una abstención.
De acuerdo a la denuncia y su ampliatoria, se atribuye a Vizcarra Cornejo que, en su condición de extitular del MTC, mantuvo supuestamente vínculo societario con su empresa C y M Vizcarra S.A.C. en condición de gerente de operaciones y vicepresidente del directorio.
De la misma manera, se lo acusa de presuntamente haber favorecido los intereses de la empresa Obrainsa, no obstante, la empresa C y M Vizcarra S.A.C. formó parte del Consorcio COLCA junto con la empresa Obrainsa, por lo que infringieron en ambos casos el texto legal del artículo 126 de la Constitución Política.
Contra exministro de Educación
De otro lado, una segunda denuncia constitucional, vista en la sesión, fue presentada por los excongresistas Edmundo Del Águila Herrera, Paloma Noceda Chang y Armando Villanueva Mercado, contra el exministro de Educación, Daniel Alfaro Paredes. Esta fue declarada procedente para la investigación respectiva, en lo concerniente a los delitos de función por omisión, rehusamiento y demora en actos funcionales.
No ocurrió lo mismo, en lo que se refiere a los delitos imputados de infracción a la Constitución en los artículos 16 y 128.
Asimismo, se aprobó solicitar a la Comisión Permanente el plazo pertinente para realizar las investigaciones y emitir el informe final correspondiente.
El congresista Gino Costa Santolalla (PM) se manifestó en contra de la denuncia, porque el tema por el que se le acusa al exministro, (publicación de un cuestionado enlace sobre ideología de género) ya fue abordado en la Comisión de Educación a la que fue invitado.
“El exministro no negó su responsabilidad, pero responsabilidad política. Tampoco negó la gravedad de los hechos. Creo que eso fue superado en la comisión. Por eso, votaré en contra”, dijo.
La congresista Martha Chávez Cossío (NA), por su lado, preguntó quién si no el responsable de un portafolio es quién debe dar cuenta de lo que sucede en su ministerio de donde salieron enlaces hasta con temas de pornografía.
Puesto al voto, se registró trece a favor y uno en contra
Nueva revisión
Posteriormente, se decidió una nueva revisión de la denuncia constitucional presentada por el congresista Alexander Lozano Inostroza (UPP) contra el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rafael Castañeda Portocarrero.
Fue después de la aprobación de una cuestión previa con nueve votos a favor, dos en contra y tres abstenciones.
Los delitos que se le imputan al exfuncionario son homicidio culposo, lesiones graves, exposición o abandono peligroso, omisión de auxilio o socorro, entre otros.
El informe técnico de la asesoría recomendaba la improcedencia de la acusación al no advertir la existencia de elementos que establezcan que el denunciado haya incumplido sus funciones y vulnerado normas constitucionales. Esto es haber omitido implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El congresista José Vega Antonio (UPP) consideró “extraña” la declaratoria de improcedencia de la denuncia constitucional, con lo cual se manifiesta indiferencia a la vida de las personas.
“Esta subcomisión no puede ser indolente frente a todo lo que ha ocurrido en los penales. Realmente expreso mi indignación”, manifestó y pidió una nueva evaluación del caso.
La congresista Chávez Cossío consideró que se está adoptando como costumbre tocar fundamentos de fondo para declarar improcedente una denuncia constitucional y negar la posibilidad de admisión a trámite.
“¿Cuál es el mensaje? Hacer todo lo que quieras en tu ministerio o dejar de hacerlo y no te va a pasar nada. En el Congreso te van blindar y ni siquiera vas a tener que ir a hacer tu descargo ante algo grave, como en el caso de muchas personas que han perdido la vida”, manifestó.
El congresista Carlos Almerí Veramendi (PP) dijo que existían los méritos suficientes para pedir una revisión de lo actuado para una nueva calificación y planteó la cuestión previa.
De otro lado, fue aprobada la delegación al congresista Franco Salinas López (AP) -a pedido de él- de la investigación sobre la denuncia constitucional contra el congresista Édgar Alarcón Tejada (UPP), presentada por la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos Rivera, por la supuesta comisión de delito de peculado doloso por apropiación agravada, previsto en el artículo 387 Código Penal vigente en agravio del Estado.
Asimismo, quedó pendiente de delegación de otra denuncia interpuesta por la fiscal de la nación, esta vez, contra el excongresista Héctor Becerril Rodríguez por la presunta comisión de tráfico de influencia agravado previsto en el artículo 400 del Código Penal vigente.
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