Adoptar las medidas más adecuadas y necesarias para proteger y mejorar las condiciones económicas de los millones de estudiantes el país, que afrontan su educación y formación en medio de la pandemia, fueron los pedidos dados a conocer el viernes 29 por parlamentarios de diversas bancadas.
Efectivamente, en el marco de la reunión realizada por la Comisión de Educación, que preside el congresista Luis Dioses Guzmán (SP), se presentó el superintendente Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU, quien abordó las acciones priorizadas por su institución frente a la problemática universitaria del país y el estado de emergencia nacional por el Covid-19.
De igual forma, se presentó Anselmo Magallanes Carrillo, rector de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, quien dio a conocer la problemática de su institución y el estado del proceso de su no licenciamiento.
El funcionario de SUNEDU informó sobre el nuevo ordenamiento del sistema universitario con las instituciones educativas que cumplen con las condiciones básicas de calidad educativa, y dio a conocer que existen 93 universidades licenciadas, 45 con licencia denegada y 7 en proceso de evaluación.
También refirió que el licenciamiento impactó positivamente en la investigación universitaria, así como se inscribieron 3 109 grados y títulos de programas relacionados con las ciencias de la salud, de los cuales 1 446 corresponden a grados y títulos de medicina humana.
Otros aspectos abordados estuvieron relacionados con la supervisión a la adaptación de la educación no presencial, para garantizar su continuidad, entre otros aspectos relacionados a la gestión educativa superior y administrativa del país.
A su turno, el rector de la universidad de Ica, Anselmo Magallanes, dio a conocer sobre las diversas acciones que viene implementando su institución en el marco de las recomendaciones y procesos a seguir por su no licenciamiento, así como el cumplimiento de su cronograma de labores para este caso.
Luego de la participación de los invitados, parlamentarios de diversas bancadas, coincidieron en exigir a las autoridades universitarias que se priorice y ejerza acciones concretas que permitan ayudar y mejorar las condiciones sociales, económicas y educativas de los millones de estudiantes del país, en el marco de la pandemia del Coronavirus.
Los legisladores Zenaida Solís (PM), Julio Condori (APP), Alonso Fernández (FP), José Ancalle (FA), Grimaldo Vásquez (SP), Martina Gallardo (Podemos) y Julia Ayquipa (Frepap), demandaron abordar de forma inmediata esta situación, y la necesidad de legislar nuevas leyes que reviertan la situación actual de la educación superior, básica y técnica del país.
“¿Cuáles son los costos reales de las clases virtuales? No se sabe, por eso, es necesario la intervención de Indecopi para evaluar este caso. La Sunedu ha exhortado, ha orientado, pero ¿se cumple?, ¿Cuál es la calidad de la educación?, preguntó» la parlamentaria del partido Morado.
También cuestionaron los procedimientos dados en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, en su proceso de licenciamiento, y no adecuación, por lo que solicitaron que se conforme un grupo de trabajo para hacer su seguimiento.
REFORMA Y CONTINUIDAD EDUCATIVA
En la segunda parte de la reunión de trabajo, la congresista Zenaida Solís, sustentó el proyecto de ley nro. 5009/2020-CR, de su autoría, por el que se propone una norma que establece medidas para asegurar la continuidad de los estudiantes de educación superior ante las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del Covid-19.
La iniciativa contempla diversos aspectos relacionados a los objetivos de asegurar la continuidad de los estudios de los estudiantes de universidades, Institutos y escuelas superiores, entre otras instancias de estudios académicos del país.
También plantea la necesidad de ajustar proporcionalmente los créditos de las pensiones educativas, la participación y evaluación de Indecopi, para su seguimiento en este caso, entre otros aspectos.
El parlamentario Walter Rivera (AP) también dio a conocer el proyecto de ley 5068 de su autoría que se propone reducir en forma diferenciada las pensiones en instituciones educativas privadas de Educación Básica y Superior en todas sus modalidades, a fin de reducir el impacto en la economía peruana, por las disposiciones de prevención establecidas en la declaratoria de estado de emergencia nacional ante los riesgos de propagación del Covid-19 y normas complementarias.
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