Foto: Presidencia de la República
El presidente José María Balcázar afirmó que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA), que calificó de «ilegal» la detención de Pedro Castillo y solicitó su liberación inmediata, podría modificar el escenario jurídico, legal y constitucional para un eventual indulto del exmandatario.
El jefe de Estado precisó que el dictamen podría servir como sustento para un nuevo pedido de gracia, siempre que la defensa presente una solicitud debidamente fundamentada.
Desde el Cuzco, el mandatario anunció que revisará el caso junto con el ministro de Justicia, Luis Jiménez, cuando regrese a Lima, y sostuvo que la posición de la ONU “abonaría” al petitorio que formule la defensa de Castillo.
“El caso de Pedro Castillo tendrá que analizarse a la luz de este nuevo acuerdo de la ONU”, afirmó el presidente durante una entrevista con Radio Nacional.
Asimismo, precisó que el pronunciamiento del organismo internacional no vincula de manera directa al Estado peruano, aunque sí podría considerarse dentro del análisis correspondiente.
El mandatario explicó que el dictamen “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional de la forma y modo cómo se puede dar indulto a una persona que está detenida”.
Balcázar remarcó que cualquier indulto requiere un pedido expreso y debidamente sustentado por parte de la defensa del expresidente. Según explicó, las solicitudes anteriores no cumplieron con ese requisito.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas emitió un dictamen fechado el 4 de junio.
El texto sostuvo que la detención de Pedro Castillo, ocurrida tras su anuncio de cierre del Congreso el 7 de diciembre de 2022, se realizó sin base legal, sin una orden judicial, sin comunicación de los motivos del arresto y sin respeto por la inmunidad presidencial.
El panel de ‘expertos’ concluyó, por mayoría, que la privación de libertad del exmandatario contravino la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Por ello, el grupo solicitó al Gobierno peruano que disponga la liberación inmediata de Castillo y otorgue una indemnización.
Pedro Castillo permanece recluido en el Penal Barbadillo, en Ate, desde diciembre de 2022. Las autoridades lo detuvieron en flagrancia delictiva y luego la Corte Suprema validó esa medida en doble instancia.
Tras el vencimiento del plazo de detención inicial, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva por el fallido golpe de Estado. En diciembre de 2025, la Sala Penal Especial condenó al exmandatario a 11 años y cinco meses de prisión por conspiración para la rebelión.
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