Fue aprobado, por unanimidad, el informe de evaluación del Decreto de Urgencia 044-2020, y señala lo inconstitucional de la norma, su contenido insuficiente, así como no evidencia la vigencia de una política específica ni estratégicas para la prevención de los riesgos laborales.
La sesión se desarrolló el lunes 10 en la sala Raúl Porras Barrenechea, con la asistencia de las congresistas Milagros Salazar, Luz Salgado Rubianes, y Rosa María Bartra, quienes cuestionaron el DU emitido por el Poder Ejecutivo y lo consideraron «espúreo». No estuvo presente el representante Héctor Becerril Rodríguez.
Salgado Rubianes centró sus cuestionamientos en el hecho de que algún ministro de Estado haya asistido a ninguna sesión para que expliquen sobre el contenido de las normas “seguramente para evitar ser denunciados constitucionalmente, porque de otra forma no hay explicación de que sean reemplazados por funcionarios que no tienen ninguna responsabilidad política”, anotó.
Bartra manifestó que es espúreo porque fue dado en momentos en que el país vivía un momento de emergencia. Citó lo sucedido en Villa El Salvador, la muerte injustificable de trabajadores, incendios, que evidenciaron que la clase trabajadora está totalmente desprotegida.
Salazar también manifestó su extrañeza que el gobierno envíe dispositivos que se desdicen con la realidad “porque hablan de medidas para el fortalecimiento de seguridad y no se ha dado ninguna medida”, expresó.
Sometida al voto, el informe fue aprobado por unanimidad y concluye que el Decreto de Urgencia 044 supera el análisis de control a cargo de la Comisión Permanente, considerando la prevalencia que el Estado debe brindar a la protección de la integridad de la salud y vida de los trabajadores, y pese a las limitaciones en sus sustentación.
También indica que la norma también establece disposiciones principalmente presupuestales que, de verificarse su efectividad, debieran contribuir con la protección constitucional del derecho a la salud y vida de los trabajadores y debieran permitir mejorar las condiciones laborales en el Perú.
Subraya que las medidas contenidas en el decreto resultan insuficientes, no evidencian la existencia de una política específica ni de estrategias para la prevención de riesgos laborales, así como tampoco informa de que manera se aplicarán los recursos presupuestales adicionales que ha recibido el SUNAFIL.
En sus recomendaciones, el grupo de trabajo señala que corresponde a la Comisión Permanente elevar el presente informe al nuevo Congreso, de conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política. Propone al futuro Parlamento, en ejercicio del control político, citar a la ministra de Trabajo, a fin de que explique y brinde información detallada de los alcances operativos, presupuestales y administrativos del decreto de urgencia, e informe detalladamente sobre las propuestas que fortalezcan la actuación inspectiva de trabajo y la prevención de los riesgos para la salud y seguridad en el trabajo.
