La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside el congresista César Segura Izquierdo (FP), rechazó las versiones que pretenden responsabilizar al Congreso de la República por la determinación de la justicia española de que procede la extradición del exmagistrado César Hinostroza Pariachi por solo tres delitos, pero no por “ser miembro de una organización criminal”.
Dispuso, igualmente, elevar un pronunciamiento a la Junta de Portavoces a fin de que determine si cree conveniente el texto del comunicado en la que se fija la posición del Poder Legislativo ante lo acontecido en España.
Coincidieron en señalar que el proceso que se está siguiendo a Hinostroza y al exlíder de Perú Posible, Alejandro Toledo, quien fugó a los Estados Unidos, es estrictamente responsabilidad del Poder Ejecutivo.
Al inicio de la sesión de ese grupo, el congresista Gilbert Violeta (PPK) informó que se está pretendiendo responsabilizar al Congreso de lo ocurrido hoy en la justicia española, a fin de proseguir con la campaña de desprestigio al Congreso, cuando se sabe que el Pleno del Parlamento aprobó para que Hinostroza sea procesado por “ser miembro de una organización criminal”.
Víctor García Belaunde (AP) recomendó que esta situación se debe resolver rápidamente porque las extradiciones son de responsabilidad del Gobierno.
Dijo que está muy bien que el Congreso peruano no haya intervenido en nada porque en Europa hubieran objetado el proceso por motivos políticos y eso hubiera sido muy grave.
Recordó que en 1970 la dictadura de Velasco pidió la extradición de connotados políticos peruanos como Manuel Ulloa, Javier Arias Stella, José María de la Jara y Ureta y otros, pero se la negaron porque era el régimen gobernante en ese momento. Remarcó que en Europa y en España, explícitamente, tienen un gran respeto por el principio de reciprocidad.
“Rechazamos todo tipo de manifestaciones que pretenden vincular al Congreso en los procesos de extradición. Es preciso señalar que el único responsable en este asunto es el Gobierno”, subrayó.
Karina Beteta (FP) estimó que el Gobierno tiene muchos problemas internos y externos, pero lo condenable es que pretende limpiarse echando la culpa al Congreso. Recomendó que se revise los cuadernillos que solicitan la extradición para comprobar si no hay ningún error en los argumentos señalados.
Es necesario que se investigue al procurador Amado Enco que, al parecer, no hace nada por los intereses de la Patria, manifestó.
Javier Velásquez Quesquén (CPA) indicó que se debe investigar y esperar los informes completos para adoptar una decisión. Es necesario no precipitarse.
Derrepente no se ha tenido en cuenta que los otros miembros de la organización criminal son los fiscales supremos denunciados y no los miembros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Hay que esperar porque puede haber vacíos en los cuadernillos de extradición.
Gilbert Violeta propuso que un pronunciamiento o comunicado sea elevado a la Junta de Portavoces. César Vásquez (APP) respaldó la propuesta y calificó de condenable la distorsión.
Juan Sheput Moore (CP) aseveró que ya es momento de que la Representanción Nacional levante la voz y señale que «basta a los malos propósitos que pretenden hacer daño al Congreso». “Es evidente que el Ejecutivo no está cumpliendo su trabajo. El Pleno, en su momento, ya actuó y determinó que Hinostroza es miembro de una organización criminal».
Oracio Pacori (NP) subrayó que el Poder Ejecutivo tiene toda la responsabilidad y debe pedir explicaciones al procurador Amado Enco.
De otro lado, la subcomisión aprobó calificar de improcedente 15 denuncias constitucionales contra congresistas, ministros de Estado y otros funcionarios.
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