Durante este año 30 periodistas han sido asesinados en los países del continente americano, 20 de ellos solo entre abril y octubre. Esta fue una de las conclusiones de la 74 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada del 19 al 22 de octubre en Salta, Argentina.
Los países con periodistas asesinados fueron Ecuador (3), México (11), Brasil (4), Colombia (2) y Nicaragua (1), Guatemala (2) y Estados Unidos (7). De acuerdo con la SIP, las amenazas, agresiones y muertes contra periodistas no han disminuido sino van en aumento respecto de años anteriores.
Respecto a las muertes de los últimos seis meses, la organización señaló que los periodistas asesinados eran jóvenes profesionales que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades.
Asimismo, concluyó que las campañas de difamación e insultos contra los periodistas se han incrementado en Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y Perú. Sobre todo por parte de funcionarios del gobierno, lo que lo hace “particularmente grave”.
Corresponsales del país
El 1 de febrero pasado fueron localizados los cuerpos sin vida de Laurent Castillo y Alfredo de León, corresponsales de Nuestro Diario y la Radio Coaltepec, respectivamente, en Santo Domingo, Suchitepéquez. Habían estado desaparecidos un día después de haber cubierto las actividades del carnaval de Mazatenango.
El exlegislador Julio Juárez está en prisión, procesado por su implicación con el asesinato de los periodistas Danilo López, corresponsal de Prensa Libre y Federico Salazar de Radio Nuevo Mundo, que sucedió en 2015.
Varios periodistas de Argentina, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y Perú, han sufrido ataques violentos, intentos de secuestro y asaltos, de acuerdo con la SIP. La organización denunció que la falta de protección para los periodistas y la lenta reacción de las autoridades ante estos sucesos “llega a ser permisiva con los agresores”.
En cuanto a la publicidad oficial en medios de comunicación privados, la organización indicó su contratación sigue siendo arbitraria o confusa, sobre todo en Bolivia, Chile, Guatemala y Honduras.
Entre otras medidas que afectarían el ejercicio periodístico, la asociación alertó de la insistencia en países como República Dominicana y Colombia para que los periodistas sean colegiados. También señaló que en Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana se están debatiendo proyectos de ley que crearían una serie de obstáculos a la práctica del periodismo.
Desafíos
Finalmente señaló que en Cuba, Venezuela y Nicaragua la prensa independiente sigue enfrentando desafíos de todo tipo. Estos incluyen la falta de papel para imprimir, de energía eléctrica y de personal calificado además de la hostilidad de sus propios gobiernos contra sus empresas y trabajadores.
La 74 Asamblea General de la SIP tuvo como tema marco “El futuro de la tecnología interactiva y su impacto en la evolución social”. Uno de sus principales alcances fue la aprobación de la Declaración de Salta sobre principios de la libertad de expresión en la era digital.
La declaración establece mediante 13 puntos las premisas y restricciones para el uso del entorno digital con el objetivo de salvaguardar la libertad de expresión. El documento se dirige a los gobiernos, instituciones administrativas, medios de comunicación e intermediarios tecnológicos.
La Asamblea también aprobó una resolución respecto a los ataques en redes sociales, por ser utilizados como armas de difamación contra periodistas y como herramientas de desinformación.
Iniciativa mordaza
Esta semana cinco diputados del país respaldaron una iniciativa que busca crear los delitos de acoso y violencia política, que pretende criminalizar y castigar con cárcel a quienes critiquen a candidatos a cargos de elección popular o funcionarios.
La iniciativa pretende reformar el Código Penal para que se adicionen los artículos 407 P y 407 Q, que crearían los nuevos delitos que ejercerían control hasta en las redes sociales. La intención de los legisladores podría violentar derechos constitucionales, como la Libertad de Expresión y la Emisión de Pensamiento, opinan juristas y expertos.
(Fuente: Nodal)
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