10 años después de que las madres de Soacha empezaran a vivir la tragedia que había tocado a sus familias, un grupo de estas mujeres asistieron a la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para ver las caras de los responsables de la pérdida de sus hijos, quienes fueron citados para ratificar su compromiso de aportar a la verdad de estos hechos.
A pesar del tiempo que ha pasado, estas mujeres aún se sienten víctimas de un macabro plan que involucró a cinco de sus hijos en una estrategia para aumentar los resultados positivos en el lenguaje militar, de la Brigada Móvil Número 15, que operaba en Ocaña, Norte de Santander.
Entre enero y febrero de 2008 un grupo de militares empezó a reclutar jóvenes del municipio cundinamarqués con promesas de trabajo en Norte de Santander. En ese proceso fueron contactados Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, quienes llegaron ilusionados por un mejor futuro, pero allí fueron conducidos a un peaje en donde fueron asesinados y presentados como bajas de un supuesto combate contra una banda criminal.
Por estos hechos, en abril del 2017, fueron condenados 21 militares a penas entre 37 y 52 años de cárcel por delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada.
Sin embargo, 14 de estos uniformados, en febrero pasado, solicitaron ser acogidos en la jurisdicción de la JEP, petición que fue aceptada por la sala de definición de situaciones jurídicas y en ese proceso fueron convocados este viernes para notificarse oficialmente del inicio del proceso en su contra en la justicia transicional.
Los militares que se presentaron fueron el mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa, privado de la libertad en guarnición militar; el sargento Medardo Ríos Díaz, en libertad condicional; el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, recluido en la guarnición militar de Puente Aranda; el cabo Richar Armando Jojoa Bastidas y los soldados profesionales Mauricio Cuniche Delgadillo, John Anderson Díaz Ortega, Ricardo Eliud González Gómez, Ferney Grijalba Flor, Eider Andrés Guerrero Andrade, Geiner Fuertes Guillermo, Pedro Johan Hernández Malagón, Luis Alirio López, Nixon Arturo Cubides y José Adolfo Fernández Ramírez.
Estas personas, tras aceptar su compromiso con la verdad y reparación, quienes además pidieron perdón a los familiares de las víctimas, ahora quedan a la espera de empezar a recibir el beneficio de libertad condicional, estipulado como parte de los acuerdos de paz.
PIDEN QUE ALTOS MANDOS RESPONDAN
“La verdad que ellos van a decir no es una verdad auténtica. Queremos que, por medio de la JEP, si es posible, aparezcan los verdaderos culpables, que no nos vayan a decir que fueron solo ellos y que nos pidan perdón, porque no lo vamos a aceptar. Los altos mandos tienen que presentarse aquí y ellos son los que tienen que pedirnos perdón públicamente, para esclarecer que nuestros hijos no eran ningunos delincuentes. Nosotros no estuvimos ni somos víctimas del conflicto armado, somos víctimas del Estado”, dijo Ana Páez, madre de Eduardo Garzón Páez.
Por su parte, Jackeline Castillo, hermana de Jaime Castillo Peña, recalcó que en los últimos años además fueron revictimizados con amenazas y desplazamientos forzados ante la insistencia en obtener justicia.
“La inseguridad de nosotros ha aumentado sabiendo que todos los implicados pueden quedar en libertad. Además, es triste saber que ellos obtienen beneficios cuando nosotros estamos abandonados por el Estado”, manifestó Castillo.
Entre tanto, Luz Marina Bernal, madre de Fair Leonardo Porras, joven especial de 26 años, pero con mentalidad de un niño de 8, reclamó por la falta de solidaridad del Gobierno con los gastos funerarios de sus familiares.
“Debemos los costos de 10 años de los lotes en el cementerio de Soacha. También debemos el traslado de los restos. En mi caso, además, me entregaron unos restos que no son los de mi hijo, en este momento aún lo estoy buscando”, declaró Bernal.
(Fuente: Nodal)
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