El incremento de los montos por delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, corrupción, defraudación, contrabando, estafa, trata de personas, proxenetismo, delitos contra el patrimonio, financiamiento del terrorismo, delitos contra el orden financiero y similares sumaron casi 1,000 millones de dólares, sólo en un periodo de 12 meses entre el 2016 y el 2017, informó Carlos Vargas Alencastre, Presidente del TPC Group.
Reveló que el impacto económico de la corrupción en nuestro país asciende entre US$3 mil millones y US$10 mil millones anuales.
“El costo económico de la corrupción no es sólo el monto sustraído al Tesoro Público, sino también la corrupción que pudiera haber en otros sectores no considerados como sector público, lo cual enrarece la percepción que los inversionistas, sobre todo los extranjeros, tienen acerca del ambiente para negocios en el Perú”, explicó Vargas Alencastre
Señaló también que la razón del surgimiento del Compliance devino, al advertirse que la magnitud del nivel de corrupción del caso Odebrecht era mucho mayor de lo que se pensaba en un inicio, se promulgó una modificación a la Ley que regula la Responsabilidad en las Personas Jurídicas para ampliar sus efectos a los delitos de cohecho Activo Genérico y Específico, Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros relacionados a la Minería Ilegal y al Crimen Organizado.
“El tema relevante en esta nueva legislación anticorrupción es la adopción e implementación en las empresas privadas y públicas, de un Sistema de Prevención Anticorrupción (Compliance), cuyo principal objetivo es eliminar la responsabilidad administrativa que le pueda caber a esas empresas por los delitos de corrupción cometidos por sus socios, directores, administradores de hecho o derecho, representantes legales, apoderados y otros”, explicó el experto en temas tributarios.
“El Perú se puso al nivel de los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de lucha contra la corrupción”, expreso Carlos Vargas Alencastre.
Indicó que en países como Estados Unidos, Inglaterra y en Europa, existe esta legislación anticorrupción y es ampliamente conocido como el Director o Gerente del Sistema de Prevención más conocido como el Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento Anticorrupción), y “nuestro país ha entrado al mismo nivel de estos países del primer mundo”.
El máximo representante del TPC Group afirmó que la corrupción encarece en un 10 por ciento el costo de hacer negocios en un país percibido como tal y en un rango que puede llegar hasta un 25 por ciento el costo de contratar.
Según un reciente Informe de la Defensoría del Pueblo del 2017 identifica que el costo de la corrupción en el Perú es de 12,600 millones de soles, lo cual representa aproximadamente el 10 por ciento del Presupuesto Nacional.
Cabe indicar que la Procuraduría Especializada en delitos de Corrupción tiene en trámite casi 33 mil casos a finales del 2016, entre la Fiscalía y el Poder Judicial.
Vargas Alencastre manifestó que el Pacto Global de las Naciones Unidas incluye el principio 10, en la cual las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas incluidas extorsión y soborno.
Agregó que la corrupción puede adoptar muchas formas desde un pequeño tráfico de influencias hasta el soborno más institucionalizado.
“Queda claro que el esfuerzo por disminuir, mitigar y erradicar la corrupción debe ser permanente y sus logros están dependiendo del compromiso de todas las instituciones involucradas en la permanente prevención, bregar contra la corrupción genera un impacto positivo en la sociedad y promueve resultados financieros positivos en las empresas y genera alta rentabilidad” concluyó.
Acerca del autor
