La función sancionadora de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) debe tener la capacidad de vacar a las autoridades corruptas para solucionar problemas derivados de esa situación en beneficio de los estudiantes.
La expresión es del congresista Carlos Domínguez (FP), presidente del grupo de trabajo “Educación Superior Universitaria” de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.
Durante la segunda sesión ordinaria fue analizada la situación de la problemática interna de las cuestionadas autoridades de las universidades San Pedro de Chimbote y Federico Villarreal de Lima, privada y pública, respectivamente.
Domínguez Herrera, representante de Áncash, destacó que en el caso de esas dos casas de estudios existen antecedentes negativos, incluido el de sentencia como en el caso de San Pedro, porque sus actuales rectores no cumplen los requisitos de transparencia y de legalidad.
Indicó que desde hace un año en que fue creado el grupo de trabajo se señaló la necesidad de que las universidades adquieran su licenciamiento, es decir que cumplan con la verificación de las condiciones básicas de calidad en la Educación Superior Universitaria (CBC).
“Si hay un avance, pero lo que falta son herramientas legales que la SUNEDU no tiene, como en el caso de rectores en situación de conflicto y no puede determinar su vacancia, a pesar de existir un sentencia del Poder Judicial”, anotó.
Aclaró que ese organismo tiene función sancionadora y administrativa, pero que debería ser más efectiva dentro del ámbito no necesariamente judicial, sino administrativo. “Hay un vacío y se requiere otorgarle a esa importante entidad esa fortaleza y, en casos concretos de corrupción o abuso de poder, vacar a la autoridad, hecho que la ley no lo determina”, anotó.
Como invitados concurrieron a la reunión asesores de la SUNEDU, la directora ejecutiva de la Asociación de Universidades del Perú Privadas y Públicas, Ada Galloso y representantes del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Graciela Alvarado Ávalos y Lucía Jiménez Hermoza, secretaria general e integrante del mismo, respectivamente.
En nombre de la SUNEDU, Carlos Novoa, dijo que al momento de un total de 142 universidades han sido evaluadas 133. De ese total 24 han adquirido la licenciatura, 47 fueron observadas, 47 están con problemas documentarios y 15 en proceso de verificación.
Dijo que la SUNEDU tiene apenas dos años de existencia, mientras que los problemas disímiles de la universidad peruana datan de 30 a 40 años atrás .
Por su lado, Gallegos cuestionó que la SUNE3DU con el tema de la licenciatura se está obstaculizando la acreditación de las universidades, afecta la autonomía de las universidades y evidencia que existe manipulación política porque en los últimos tres años accedieron a la certificación 13 universidades y en los últimos tres meses, once.
En otro momento, Alvarado Ávalos y Jiménez Hermoza acusaron no haber sido escuchadas por la Sunedu sobre casos de corrupción, irregularidades e ilegalidades de las autoridades de la Universidad Federico Villarreal. Así también dijeron que nada han hecho sobre el particular el Ministerio de Educación y el Poder Judicial, pero destacaron sus expectativas en el grupo de trabajo parlamentario.
Los congresistas Domínguez Herrera y Juan Carlo Yuyes, de Fuerza Popular y Edilberto Curro (FA) coincidieron en sumar esfuerzos en conjunto para trabajar y superar los vicios y vacíos existentes a fin de encontrar soluciones en beneficio de la juventud estudiosa.
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