La Subcomisión de Acusaciones Constituciones del Congreso continuará con la denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público (MP) en contra del expresidente Martín Vizcarra por la designación de Daniel Soria como procurador general del Estado.
Vizcarra se presentó este martes ante el citado grupo de trabajo y comunicó que renunciaba a su derecho al antejuicio político en este caso, tras asegurar que no cometió ningún delito o falta al suscribir la resolución suprema que colocó a Soria en dicho cargo.
Indicó también que su decisión se sustenta en una sentencia del Tribunal Constitucional en donde se establece que los exaltos funcionarios del Estado pueden renunciar a esta prerrogativa.
Sobre la investigación del Ministerio Público, el exmandatario señaló que fue citado para responder por esta denuncia y el fiscal a cargo del caso concluyó que el caso debía ser archivado, pero que la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decidió denunciarlo por una cuestión política.
“Yo, ante usted y ante el íntegro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, renuncio al derecho antejuicio político sobre esta investigación”, expresó Vizcarra a su presidenta, la congresista María Acuña (Alianza Para el Progreso).
La parlamentaria manifestó, tras la intervención de Vizcarra y Ana Revilla, exministra de Justicia también investigada por este caso, que la labor de la Subcomisión es concluir con el proceso, determinando ya sea el levantamiento del fuero o el archivo, y que este no termina con la renuncia al antejuicio del investigado.
Ante ello, el exmandatario optó por acogerse a su derecho a guardar silencio y no responder a las preguntas de los integrantes de la Subcomisión, señalando que “no tiene sentido” hacerlo, al haber ya renunciado a la protección que le otorga la Constitución.
En noviembre de 2023, Patricia Benavides formuló una denuncia constitucional contra Martín Vizcarra y Ana Revilla como presuntos autores del delito de negociación incompatible y nombramiento ilegal en agravio del Estado por la designación de Daniel Soria, por no contar el abogado con la trayectoria exigida por la ley para ejercer como procurador general del Estado.
Fuente: Agencia Andina
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