Todos los gobiernos usaron facultades delegadas, recuerda
El congresista Gilbert Violeta (PPK) consideró que no es democrático negarse al pedido de facultades delegadas antes de haber escuchado a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, quien anunció una ronda de conversaciones con las bancadas parlamentarias.
“Cerrarse de plano no es democrático, lo democrático es dialogar, entendernos, escuchemos los fundamentos que sustentan el pedido de facultades y debatamos, si algunas de las propuestas no convencen, que digan esto va, esto no va”, indicó.
En declaraciones a la Agencia Andina, indicó que la delegación de facultades permite al Ejecutivo tomar medidas en una determinada materia en forma expeditiva, dado que en el Parlamento a veces los tiempos son distintos.
En el Parlamento, sostuvo, una iniciativa de ley sigue su trámite por comisiones, luego pasa al Pleno para un debate político, donde a veces el tiempo se extiende un poco más para su aprobación.
Por ello, aseguró que las normas permiten que el Ejecutivo pueda legislar en determinados temas específicos, a través de facultades delegadas del Congreso, excepto en temas tributarios y tratados internacionales.
“Se deben fundamentar para qué se quieren las facultades, no es un cheque en blanco, tiene que ser motivadas”, aseveró.
En ese sentido, indicó que corresponde a las bancadas parlamentarias escuchar a la jefa del Gabinete antes de tomar una decisión.
La presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, anunció en su presentación al Congreso para solicitar el voto de investidura, que pedirá facultades delegadas para legislar en temas de Economía, Defensa y prevención de desastres.
La Economía y los temas de prevención, en opinión de Violeta, son prioritarios para el Gobierno y para los ciudadanos por lo que se requieren de medidas expeditivas, lo que no quita la facultad del Congreso de revisarla con posterioridad, modificarla o incluso derogarla.
Puso como ejemplo el DS 003, dado por el Ejecutivo al amparo de las facultades delegadas, que permitía garantizar la cadena de pago de las empresas implicadas en casos de corrupción y evitar que puedan sacar sus recursos del país.
(Fuente:Andina)
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