El régimen venezolano prioriza el entendimiento doméstico y denuncia «órdenes» de la Casa Blanca.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez planteó la necesidad de consolidar a Venezuela como una potencia energética global, enfatizando que el país no debe evitar una agenda de hidrocarburos con Estados Unidos ni con otros mercados internacionales.
En el marco de un debate legislativo sobre la reforma de la ley de hidrocarburos, la funcionaria abogó por un diálogo político interno con resultados inmediatos para resolver la crisis institucional que atraviesa la nación tras la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.
Rodríguez rechazó cualquier injerencia externa en los asuntos domésticos, señalando que la política venezolana debe resolver sus propios conflictos sin recibir «órdenes de Washington». En sus declaraciones, instó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, a liderar una mesa de negociación que incluya a diversos sectores, aunque advirtió que quienes respaldaron la intervención extranjera deben ser excluidos de la vida nacional.
A pesar de las tensiones, la relación con la administración de Donald Trump presenta matices, pues tras advertencias iniciales, el mandatario estadounidense describió a la funcionaria como una persona con quien se ha trabajado favorablemente.
En paralelo al llamado al diálogo, el gobierno interino ha iniciado la liberación de detenidos por motivos políticos. Mientras las cifras oficiales sugieren más de 600 excarcelaciones, la oenegé Foro Penal reporta únicamente 269 casos verificados, denunciando lentitud y falta de transparencia en el proceso. Organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos exigen la publicación de listas oficiales y la supervisión de organismos internacionales para garantizar la legalidad de estas medidas.
La realidad social de Venezuela se encuentra actualmente limitada por un decreto de estado de conmoción, el cual impone severas restricciones a las libertades públicas y sanciona el respaldo a fuerzas extranjeras. Organizaciones como Provea han solicitado la derogación de esta medida, alertando que su vigencia proporciona un marco inconstitucional que permite profundizar la persecución política y restringir derechos civiles fundamentales.
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