Ante la OEA, el embajador Rizzuto exige la libertad total de los detenidos y advierte sobre la rendición de cuentas por abusos.
La administración de Estados Unidos reconoció la excarcelación de 143 prisioneros políticos en Venezuela, aunque calificó la medida de insuficiente al estimar que todavía permanecen 1.000 personas detenidas injustamente.
Durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, el embajador estadounidense Leandro Rizzuto exigió la libertad incondicional de todos los afectados, vinculando este proceso con la reconciliación nacional y advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas ante la justicia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respaldó esta preocupación al denunciar la existencia de centros de detención clandestinos y la falta de transparencia en las cifras oficiales de liberación.
El embajador Rizzuto enfatizó que la detención de líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos es un problema estructural que requiere una resolución inmediata. Según el diplomático, el respaldo de EE. UU. se mantiene firme hacia las instituciones que defienden el estado de derecho en la región. En el foro, delegaciones de diversos países, encabezadas por la iniciativa de Argentina, se sumaron a la condena contra las detenciones arbitrarias y ofrecieron cooperación para facilitar nuevas excarcelaciones.
Discrepancias en las cifras y denuncias de la CIDH
La relatora de la CIDH, Gloria Monique de Mees, presentó un informe que contradice los datos del gobierno de Delcy Rodríguez; mientras el oficialismo alega 406 liberaciones, el organismo solo confirma 143 casos hasta el 19 de enero. De Mees, apoyada en datos de Human Rights Watch, subrayó la gravedad de las violaciones de derechos humanos y recordó que la CIDH tiene prohibido el acceso a territorio venezolano desde hace más de dos décadas. El organismo solicitó con urgencia mecanismos para verificar el estado de los recluidos y las condiciones de sus salidas.
A pesar de que el gobierno de Nicolás Maduro intentó retirar al país de la OEA en 2017, la revocación de dicha salida por el gobierno interino de Juan Guaidó en 2019 mantiene a Venezuela como estado parte de los tratados interamericanos. Actualmente, el país se encuentra bajo un «estado de conmoción exterior» tras el derrocamiento de Maduro, quien se encuentra en Nueva York a la espera de un juicio por narcotráfico.
En este escenario, mientras la líder opositora María Corina Machado acusa al chavismo de manipular las cifras de liberaciones, el presidente Donald Trump afirmó que se ha logrado la salida de un número considerable de prisioneros.
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