Tumbes registra cerca de 120 casos de extorsión con explosivos en 2026.
El avance de la criminalidad en el norte peruano ha encontrado un nuevo blanco en el sector gastronómico de Tumbes, donde una cevichería fue atacada con explosivos durante la madrugada. El atentado, captado por cámaras de seguridad en la intersección de las calles Arica y Piura, forma parte de una violenta campaña de extorsión que busca coaccionar a pequeños empresarios.
En lo que va del 2026, la región registra una tendencia crítica de casi un ataque diario, acumulando cerca de 120 incidentes con explosivos y aproximadamente 50 homicidios, lo que evidencia una crisis de seguridad que ha forzado constantes cambios en el alto mando de la Policía Nacional.
El propietario del establecimiento afectado recibía amenazas desde abril, con exigencias de pago que ascendían a los 12 mil dólares a cambio de protección. Tras la detonación del artefacto, el empresario optó por trasladar a su familia a Lima como medida de seguridad ante posibles represalias.
Este patrón delictivo se ha extendido más allá de los grandes comercios, alcanzando a emprendimientos familiares e incluso a ciudadanos particulares cuyas viviendas son percibidas como objetivos económicos por las bandas que operan en la zona fronteriza.
La problemática se ve agravada por la presunta alianza entre organizaciones criminales locales y grupos delictivos provenientes de Ecuador, quienes disputan el control territorial y han desplazado su violencia hacia la población civil.
Esta dinámica ha generado un clima de temor constante entre los comerciantes, quienes denuncian una falta de garantías para operar. Pese a que se han designado tres generales distintos para la región en menos de dos años, la estrategia de seguridad aún enfrenta dificultades para desarticular estas redes de crimen organizado.
Ante el incremento de la violencia y la modalidad de amedrentamiento nocturno, la ciudadanía de Tumbes se mantiene en alerta esperando resultados de las nuevas gestiones policiales. La extorsión no solo amenaza la integridad física de los emprendedores, sino que pone en riesgo la estabilidad económica de una región clave para el comercio y el turismo.
El fortalecimiento de la inteligencia policial y el control fronterizo se perfilan como acciones urgentes para frenar una ola delictiva que continúa expandiéndose de manera sistemática.
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