Congresista Lady Camones preside la sesión de la subcomisión de Acusciones Constitucionales en la sala Miguel Grau. (Congreso de la República/CCox)
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que preside la congresista Lady Camones (APP), sesionó para pronunciarse sobre diversas denuncias presentadas contra congresistas, magistrados, miembros del Tribunal Constitucional (TC), entre otros.
Así, los integrantes de la Comisión. Decidieron por mayoría, archivar la denuncia constitucional en contra de la congresista Magaly Ruíz Rodríguez (APP), porque seis de los siete hechos denunciados no tuvieron la debida acreditación y el otro, fue considerado como un indicio y, por consiguiente, como no acreditado.
La aprobación del informe final, que recomendó su archivamiento, contó con 17 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones.
El informe final fue sustentado por la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN), delegada del caso, quien se refirió a la inexistencia de pruebas en el supuesto recorte de sueldo del ex trabajador Carlos Marina Puscán por parte de la parlamentaria, ni de su asesor Jhonny Romero Nima, puesto que el denunciante solo presentó denuncias periodísticas y enlaces de internet.
Frente a esta situación, Medina Hermosilla señaló que cuando no hay medio que acredite la responsabilidad de parte de los investigados, se promueve que prime la presunción de inocencia.
Improcedencia
De otro lado, la Comisión declaró la improcedencia de seis denuncias constitucionales, atendiendo la recomendación del equipo técnico de la SAC.
Con 17 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, fue aprobada la improcedencia de la DC N° 336, denuncia planteada por un grupo de congresistas de Perú Libre y no agrupados, contra sus colegas Jorge Montoya, José Cueto y Martha Moyano, por la presunta infracción a los artículos 38 y 39 de la Constitución Política del Perú, y por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de instigación, organización criminal y abuso de autoridad.
Los hechos refieren a declaraciones públicas de los parlamentarios denunciados en torno a la crisis política en el país, que habrían sido hechos en el uso de su derecho.
La misma suerte corrió la Denuncia Constitucional (DC) 106 (ex 459), formulada por el ciudadano Vladimir Cerrón Rojas, contra la juez suprema Elvia Barrios Alvarado, por la presunta Infracción al artículo 138 de la Constitución Política del Perú y al artículo 16 del TUO de la Orgánica del Poder Judicial.
Igual ocurrió con la DC N° 229 formulada por la ciudadana Ruth Hildebrandt Pinedo, contra el juez supremo Jorge Luis Salas Arenas, por la presunta infracción del artículo 39 de la Constitución Política del Perú, y por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad, tipificado en el artículo 376 del Código Penal.
Asimismo, fue aprobado el Informe de calificación que recomendó la improcedencia de la DC 314 presentada por el ciudadano David Moreno, contra la congresista Katy Ugarte Mamani (UDP) por supuesto nepotismo.
También fueron declaradas improcedentes las denuncias contra magistrados del TC por los presuntos delitos de prevaricato y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, en torno a un supuesto desacato a la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 2022.
Contra los magistrados constitucionales también pesaba una denuncia por supuesto prevaricato a raíz de la sentencia que emitieron sobre el caso del ex presidente Alberto Fujimori, infringiendo, presuntamente un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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