En foro organizado por el legislador Jorge Castro Bravo (FP), miembro titular de la Comisión de Vivienda y Construcción, diversas organizaciones femeninas de pobladoras de distintos puntos del país, solicitaron al Congreso leyes que reconozcan el derecho a una vida digna como un derecho Constitucional.
El legislador Hernando Cevallos Flores del Frente Amplio, resaltó la importancia de la preocupación y gestión de los grupos femeninos por afirmar su derecho a una vivienda adecuada y su constante lucha por conseguir mejores condiciones de vida para su familia, que en gran porcentaje dirige como cabeza de familia.
Cevallos Flores comentó que más del 40 % de la población no cuenta con derechos básicos de servicios (Vivienda, agua, desagüé, electricidad) y que viven en condiciones deplorables. En el país aún falta más de dos millones de viviendas adecuadas y por ello es necesario revertir esa situación con legislación y presupuestos pertinentes.
Pobladoras de Vista Alegre San Martín de Porres, Lima; del distrito de Pocollay, Tacana, y de la Asociación de Mujeres de Ventanilla, Callao, brindaron testimonios de sus experiencias personales, como 30 años luchando por la titulación de sus predios, ante un municipio indolente con su realidad; tráfico de terrenos del Estado que son usurpados por mafias que limitan su derecho a la tranquilidad y bienestar público, entre otros.
Pedro Quispe Salvatierra, representante legal de las organizaciones: ‘Mujeres Unidas para un Pueblo Mejor’ (MUPUPUME) y el ‘Centro de Investigación para el Desarrollo Urbano’ (ESTRATEGIA), sostuvo que en la actualidad las normas sobre acceso a la tierra (propiedad), habitación (casa), servicios básicos domiciliarios (energía eléctrica, agua, desagüé, conectividad), infraestructura (pistas, veredas, parques, estacionamientos vehicular), ambiente saludable (limpieza, aires, sonidos), equipamiento social (escuelas, postas, seguridad, mercados) son variadas, dispersas y poco sistematizadas.
El especialista afirmó que en materia de vivienda social el Estado no cuenta con políticas públicas coherentes y acordes al crecimiento de las ciudades y de la población. Los diversos programas aplicados desde los años 60 – 70 no enfrentaron las consecuencias del crecimiento exponencial de las ciudades producto de las oleadas migratorias y se limitó a crear algunos programas para la clase media.
En nuestro país aproximadamente el 80% de viviendas son de origen informal, construidas al margen de la legalidad, sin permiso o sin fiscalización y en muchos casos construidas en zonas de alto riesgo. En los sectores más pobres el 27% de habitantes carecen de agua potable y el 19% de desagüé trayendo como grave consecuencia enfermedades respiratorias, estomacales y de piel.
Necesidad de nuevas políticas públicas
Quispe Salvatierra sostuvo que el derecho a la vivienda es uno de los derechos económicos sociales y culturales más reconocidos universalmente al punto que es incluido y aceptado en las Declaraciones Universales, Pactos Internacionales y Tratados Internacionales. Incluso la ONU, UE y OEA aprueban, monitorean y fiscalizan su implementación a escala regional y mundial.
“Similar al derecho al agua que ya se incluyó como derecho constitucional, también debe considerarse en la Carta Magna el derecho a la vivienda digna”, afirmó el especialista.
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