Imagen fuente: Diario Correo
La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada de Ayacucho ha logrado una condena de 11 años de prisión efectiva contra Octavio Vargas, integrante del Militarizado Partido Comunista del Perú en el Vraem, tras acreditarse su responsabilidad en el delito de afiliación a una organización terrorista.
La sentencia, obtenida mediante conclusión anticipada, ratifica la operatividad de Vargas, alias ‘Ciprián’, dentro de la estructura liderada por Víctor Quispe Palomino, alias ‘José’, donde desempeñaba roles logísticos y de combate. El fallo incluye la inhabilitación definitiva para el ejercicio de cargos públicos y el pago de 10 000 soles por reparación civil a favor del Estado.
El sustento probatorio presentado por el fiscal provincial Carlos Alberto Palomino Quispe permitió establecer que el ahora sentenciado formó parte de las filas de Sendero Luminoso desde 1989 hasta su captura en 2024. Durante más de tres décadas, el camarada ‘Ciprián’ mantuvo una participación activa en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, consolidándose como un elemento clave para la organización terrorista en dicha jurisdicción.
Al momento de su detención en el presente año, las autoridades hallaron en posesión de Vargas un arsenal operativo compuesto por un fusil, dos cacerinas abastecidas con 60 municiones y diversos materiales explosivos. Este equipamiento técnico y bélico confirmó su estatus como combatiente y encargado logístico, funciones vitales para el sostenimiento de las acciones violentas del grupo en el sector.
Consecuencias legales y compromiso institucional
La resolución judicial no solo priva de la libertad al procesado, sino que también ordena el decomiso definitivo de todos los bienes incautados durante el operativo de su captura. La celeridad del proceso, resuelto por la vía de la conclusión anticipada, refleja la solidez de la imputación fáctica y jurídica construida por el Ministerio Público frente a los delitos que atentan contra la seguridad nacional.
Con este resultado, el subsistema especializado en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo reafirma su capacidad operativa para investigar y sancionar de manera ejemplar a quienes vulneran la tranquilidad pública. La fiscalía continúa enfocada en desarticular los remanentes terroristas que operan en las zonas de emergencia, garantizando la aplicación irrestricta de la ley y la defensa del estado de derecho.
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