Se pide su inhabilitación de la función pública por 10 años.
La segunda denuncia constitucional contra la ex presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, en la que se pide su inhabilitación de la función pública por 10 años, se encuentra pendiente de calificación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Así lo dio a conocer la presidenta de dicho grupo de trabajo, Lady Camones (Alianza para el Progreso) en declaraciones.
«No hemos dado cuenta aún [de la denuncia], está todavía por calificar y por someter a votación la calificación [en la subcomisión]«, dijo la legisladora.
La parlamentaria precisó que la denuncia presentada por su colega Patricia Chirinos (Avanza País) tiene aproximadamente solo 10 días de haber sido ingresada a la subcomisión.
Explicó que, a diferencia de la primera denuncia la cual ya ha sido aprobada y que derivó en su suspensión del cargo de congresista, en esta se le acusa de cometer una infracción constitucional.
«Cuando se tratan de denuncias por delitos, como pena accesoria puede ponerse la suspensión que es lo que ha pasado con Betssy Chávez, pero cuando se trata de denuncias por infracción constitucional, sí traen inhabilitaciones. En ese caso es que la congresista Chirinos formuló esta denuncia que la tenemos aún en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales«, puntualizó.
¿Qué dice la segunda denuncia constitucional contra Betssy Chávez?
La denuncia constitucional contra la ex titular de la PCM fue presentada luego de que se difundiera un video de su presunta participación en el mensaje a la Nación leído por el ex presidente Pedro Castillo el último 7 de diciembre.
Dicho documento señala que Betssy Chávez cometió una «flagrante infracción a los artículos 38°, 39°, 45° y 46° de la Constitución Política del Perú».
Según Patricia Chirinos, Chávez habría faltado a la verdad en sus declaraciones ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego de asegurar que desconocía el contenido del mensaje a la Nación de Castillo.
La denuncia contempla que se cometió una infracción al deber de estar al servicio de la Nación y defender la Constitución, al ejercicio del poder y, finalmente, «por prestar obediencia a un gobierno usurpador».
Fuente: Agencia Andina
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