Por Dra. Sandra Salinas Gervassi- Artículo de opinión
Abogada. Especialista en Derechos Humanos y Cooperación Internacional para el Desarrollo
Hay debates que definen el rumbo de una nación. La posibilidad de que el Perú abandone el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es uno de ellos. No se trata de una discusión técnica reservada a juristas; está en juego el tipo de democracia que queremos construir y el lugar que nuestro país desea ocupar en la comunidad internacional.
Es legítimo cuestionar el funcionamiento de cualquier institución, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ningún organismo es infalible. Sin embargo, una democracia madura no responde a las discrepancias rompiendo los puentes del diálogo institucional. La respuesta debe ser participar, proponer reformas y defender los intereses nacionales desde dentro, no abandonar un sistema que ha sido fundamental para la protección de millones de personas en el continente.
Se ha sostenido que la permanencia en el Sistema Interamericano limita la soberanía del Estado. Esa afirmación desconoce que la soberanía moderna no consiste en actuar sin límites, sino en cumplir los compromisos que un Estado asume libremente. El Perú decidió, de manera soberana, adherirse a la Convención Americana sobre Derechos Humanos porque entendió que la protección de la dignidad humana constituye un valor superior que trasciende las fronteras.
La historia reciente del Perú demuestra por qué estos mecanismos son importantes. Nuestro país vivió décadas marcadas por el terrorismo, la violencia política, graves violaciones de derechos humanos y profundas crisis institucionales. En ese contexto, el Sistema Interamericano contribuyó a consolidar estándares sobre independencia judicial, debido proceso, reparación a las víctimas y fortalecimiento del Estado de derecho. Lejos de debilitar al Perú, ayudó a fortalecer su democracia.
Quienes hoy plantean la posibilidad de abandonar ese sistema deberían responder una pregunta sencilla: ¿qué problema concreto resolvería esa decisión? No reducirá la inseguridad ciudadana. No combatirá la corrupción. No mejorará la economía. No hará más eficiente al Poder Judicial. Tampoco devolverá la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
Por el contrario, podría generar dudas sobre el compromiso del Perú con los principios democráticos y con el respeto de los tratados internacionales que libremente ha suscrito. La credibilidad internacional es un patrimonio que se construye durante décadas y puede deteriorarse rápidamente cuando un país transmite señales de aislamiento o de debilitamiento de sus compromisos jurídicos.
El Perú necesita recuperar la confianza de los ciudadanos, fortalecer sus instituciones y garantizar que la justicia funcione de manera oportuna e independiente. Esa debe ser la prioridad de cualquier gobierno responsable. Cuando las instituciones nacionales funcionan correctamente, la intervención de los mecanismos internacionales se vuelve excepcional. Ese debería ser el objetivo: un Estado tan sólido que ningún ciudadano necesite buscar justicia fuera de sus fronteras.
Los derechos humanos no pertenecen a un sector político ni a una corriente ideológica. Son el fundamento de cualquier Estado democrático. Protegen a quienes piensan como la mayoría, pero, sobre todo, a quienes un día pueden quedar en minoría o enfrentarse al poder. Precisamente por eso existen.
Hoy el Perú tiene la oportunidad de demostrar que es posible gobernar con firmeza sin renunciar a los principios del Estado de derecho. La seguridad, el desarrollo económico y la estabilidad política no son incompatibles con el respeto a los derechos humanos; por el contrario, solo pueden consolidarse plenamente cuando estos se garantizan.
La fortaleza de una democracia no se mide por la ausencia de controles, sino por la capacidad de sus instituciones para aceptar el escrutinio, corregir sus errores y actuar siempre dentro del marco de la ley.
Si el Perú aspira a ser una nación moderna, respetada y confiable, el camino no es retirarse de los espacios internacionales de protección, sino liderar desde ellos, aportar a su mejora y reafirmar su compromiso con la democracia y la dignidad de todas las personas.
Porque salir sería retroceder. Permanecer, dialogar y fortalecer nuestras instituciones es el verdadero camino hacia un Perú más justo, más democrático y más fuerte.
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