Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato invocó a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a la Junta de Fiscales Supremos adoptar las medidas necesarias, dentro de sus competencias, para cautelar los avances en las investigaciones y procesos de los casos de corrupción más grandes del país.
En un comunicado, esta procuraduría, a cargo de la procuradora Silvana Carrión, se pronunció ante las recientes decisiones adoptadas en el Ministerio Público y los graves hechos que involucran a la fiscalía de la Nación, Patricia Benavides.
Lamentan en primer término, la suspensión y el cese del fiscal superior Rafael Vela Barba, quien se desempeñó por más de cinco años como coordinador del Equipo Especial de Fiscales para el caso Lava Jato, a quien le expresaron su solidaridad.
Asimismo, manifiestan “profunda preocupación” por las graves consecuencias que traería esta decisión que afectan el conocimiento y la experiencia acumulada en la conducción general de la estrategia fiscal en los más de 160 procesos penales Lava Jato, el caso de corrupción nacional y transnacional más grande del país.
La afectación, según la procuraduría, incluye a los cinco procesos que se encuentran en juicio oral, los 15 procesos con acusación fiscal que están en control judicial para ingresar a juicio oral, así como a los cerca de 50 procesos de colaboración eficaz que se encuentran en trámite.
La procuraduría del caso Lava Jato remarca que el Estado peruano y sus instituciones están sujetos al cumplimiento de tratados y convenios internacionales que imponen la obligación de investigar y sancionar los delitos de corrupción , como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Anticohecho de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Recuerdan que el Perú, como parte de su proceso de adhesión a la OCDE, se ha sometido a las evaluaciones del Grupo Anticohecho de dicho organismo, que realizó una serie de recomendaciones y medidas que nuestro país debe implementar para garantizar el combate efectivo a la corrupción de carácter nacional y transnacional, como es el caso del mega proceso Lava Jato.
“Hacemos un llamado a todos los actores del sistema de justicia a que actúen con la debida diligencia y en estricto cumplimiento de su deber y de las leyes vigentes, conforme al espíritu y los valores propios de un Estado de derecho y del sistema democrático que nos rige”, puntualiza el documento.
Fuente: Agencia Andina
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