Por presunto recorte de sueldos a trabajadores
La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó hoy denuncia constitucional contra Magaly Rosmery Ruiz Rodríguez, en su condición de congresista de la república, como presunta autora del delito de concusión, en concurso real con el delito de colusión agravada, en agravio del Estado.
«En cuando al delito de concusión, los hechos están referidos a la contratación, como trabajadores de la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia en el contexto de la emergencia sanitaria del Congreso de la República, de Carlos Augusto Marina Puscan y María Greta Deza Batallano, delito imputado en concurso real con el delito de colusión agravada vinculado a la contratación de Camila Melissa Mantilla Heredia, en el despacho congresal», precisa un comunicado de la Fiscalía.
El Ministerio Público informó también que el pasado 11 de abril se inició diligencia preliminares contra la congresista Ruiz Rodríguez, el fiscal Richard David Rojas Gómez y Alex Junior Rojas Gómez (hermano del fiscal) por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y negociación incompatible.
El caso de Richard David Rojas Gómez también se le inició diligencias preliminares por la presunta comisión de delito de patrocinio ilegal.
En febrero del año pasado, Marina Puscan y Deza Batallano denunciaron en la Comisión de Ética Parlamentaria a la congresista Ruiz Rodríguez, por presunta vulneración a la ética parlamentaria al supuestamente haber solicitado aportes mensuales a través de su asesor principal de despacho, Jhony Romero.
Posteriormente, en marzo del 2023, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra la congresista Magaly Ruiz Rodríguez, como presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de concusión, al haber efectuado cobros irregulares.
Jhony Romero, ahora exasesor de Ruiz Rodríguez y uno de los investigados por el caso de recorte de sueldos, ha reconocido que sí pidió un porcentaje de los sueldos de varios de los trabajadores bajo órdenes de la legisladora, pero que no se quedó con el dinero.
Asimismo, afirmó que el fiscal Richard David Rojas Gómez se contactó con la congresista por medio de su hermano, quien trabajaba en el Congreso con el propósito de apoyar a la legisladora en las investigaciones en su contra.
Fuente: Agencia Andina
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