Sujeto fue localizado en el sector de Villacurí tras una operación conjunta entre agentes de Seguridad del Estado y la Superintendencia Nacional de Migraciones.
El ciudadano venezolano Álvaro Gómez Bastidas fue intervenido por las fuerzas del orden en la región Ica tras difundir una serie de publicaciones en la plataforma TikTok en las que incitaba al desafío institucional, ironizaba sobre los operativos de control migratorio y retaba explícitamente a las autoridades peruanas a dar con su paradero. La captura se concretó dos días después de su último video en un fundo agrícola del sector Villacurí, en el distrito de Salas, donde el sujeto realizaba labores de campo.
La operación de localización estuvo a cargo de efectivos de la unidad de Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP) en coordinación con fiscalizadores de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Las labores de inteligencia cibernética y rastreo de campo permitieron ubicar el predio agrícola donde laboraba el extranjero, procediendo a su inmediata detención en flagrancia administrativa y su posterior traslado a las instalaciones del área de Trata de Personas de la Región Policial de Ica.
Irregularidad migratoria y procedimiento de expulsión
Las investigaciones preliminares y el reporte de las autoridades en la sede policial confirmaron que Gómez Bastidas no contaba con documentación de estancia legal en el país y permaneció en condición migratoria irregular en diversas provincias peruanas durante los últimos ocho años. Su detención se desencadenó tras la masiva difusión del registro audiovisual donde expresaba la frase: «vengan por mí, no se tarden», con la que pretendía ridiculizar los procesos de deportación vigentes.
Ante la gravedad de los hechos y las continuas expresiones de provocación en redes sociales, la Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso la expulsión inmediata del ciudadano extranjero del territorio nacional por infracción severa a la Ley de Migraciones, al imputársele conductas que atentan contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana.
La entidad fiscalizadora reiteró que todo ciudadano extranjero en el Perú se encuentra sujeto al estricto cumplimiento de la legislación nacional, advirtiendo que el desacato o la incitación al delito conllevan la aplicación de sanciones administrativas y la expulsión definitiva del país.
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