Señala presidente de la Corte Superior Nacional, Hans Contreras Cuzcano
El presidente de la Corte Superior Nacional (CSN), Hans Contreras Cuzcano, reveló que más de cien procesos judiciales por crimen organizado y corrupción, podrían afectarse con una mayor demora, en razón de la Ley 32130 que faculta a los acusados impugnar el auto de enjuiciamiento (resolución) que dispone el inicio del juicio oral.
Contreras Cuzcano explicó que estos casos se encuentran, actualmente, en la etapa intermedia (control de la acusación fiscal) del proceso penal, fase posterior a la investigación preparatoria.
Asimismo, indicó que estos procesos son de mucha complejidad con un gran número de procesados, 30 o más en algunos casos, incluyen personas jurídicas (empresas), multiplicidad de delitos, que demandan mucho tiempo y dedicación de los magistrados y del personal jurisdiccional y administrativo.
Además que los abogados de los investigados articulan incidentes procesales, recursos de apelación, recusaciones y nulidades que llegan en casación hasta la Corte Suprema, que si bien forma parte de la garantía del derecho a la defensa, contribuyen a la dilación del proceso.
En el caso de la exalcaldesa Susana Villarán, cuyo auto de enjuiciamiento fue objeto de impugnación por algunos abogados, comprende a 21 acusados, 10 personas jurídicas encausadas y 16 terceros civilmente responsables.
El juicio contra estos acusados se iniciará una vez que se resuelva el recurso de apelación interpuesto, precisó el magistrado.
Además, Contreras Cuzcano explicó que una vez culminada la etapa intermedia y emitido el auto de enjuiciamiento, este puede ser impugnado por las partes procesales de acuerdo a la nueva ley dada por el Congreso.
“Ello significaría que (la apelación) se eleva a la Sala Penal (de Apelaciones) para su decisión y con ello se culminaría, pero generaría una fase que antes no teníamos, eso implica una demora en el caso”, remarcó.
Señaló que la apelación del auto de enjuiciamiento impide al colegiado a cargo de un determinado caso que recibe el expediente, iniciar de forma inmediata el juicio oral.
Precisó que antes de la vigencia de la Ley 32130, una vez que se emitía el auto de enjuiciamiento, el tribunal o colegiado fijaba fecha para el inicio del juicio oral y este se iniciaba como correspondía.
“Ahora tenemos que, al ser apelado, implica que primero tiene que resolverse la apelación como corresponde, y, posteriormente, continuar con el inicio del juicio oral”, acotó.
Citó algunos casos que están en trámite en esta jurisdicción como el del expresidente Alejandro Toledo, que ya fue sentenciado y está en apelación, los procesos contra el expresidente Martín Vizcarra que está en trámite, y el juicio contra Ollanta Humala está en la fase de alegatos finales.
De otro lado, Contreras Cuzcano resaltó la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de iniciar el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, luego de emitir el auto de enjuiciamiento, y de haber elaborado un cronograma de sesiones de audiencia hasta el final del juicio.
“Hemos visto de buena forma esto y vamos a tratar de replicarlo en nuestra corte a fin de que la ciudadanía, cuando se inicia un juicio oral, tenga la prognosis de cuándo terminaría un juicio”, indicó.
Fuente: Agencia Andina
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