Ejecutivo solicitará prerrogativas legislativas al Congreso para reformar el sistema penitenciario y la seguridad ciudadana.
El primer Consejo de Ministros de la administración de Keiko Fujimori delineó la hoja de ruta normativa del Ejecutivo al estructurar un pedido de delegación de facultades legislativas al Congreso de la República por un plazo de 120 días.
El requerimiento formal busca prerrogativas para legislar en materias críticas como seguridad ciudadana, combate a la criminalidad organizada, modernización del Estado, simplificación administrativa, así como en los ámbitos tributario, aduanero y de promoción del empleo formal y la micro y pequeña empresa. Esta iniciativa legal viabiliza los compromisos asumidos por la mandataria en su mensaje a la nación, donde priorizó la mitigación del impacto del fenómeno El Niño y el fortalecimiento de la seguridad interna.
La estrategia del gabinete ministerial contempla modificaciones sustantivas destinadas a dinamizar la economía nacional a través de la atracción de inversiones privadas y la desregulación de procesos. Entre los lineamientos específicos de la propuesta se incluye la optimización del marco institucional de las entidades del Poder Ejecutivo, el rediseño del régimen de beneficios laborales, la simplificación de trámites burocráticos y la reducción de días feriados, medidas orientadas a elevar los niveles de productividad del sector empresarial y el autoempleo formal.
Intervención militar y reforma del sistema penitenciario
El componente central del paquete legislativo reside en la reforma del Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, el cual faculta la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas en la dirección, seguridad y control operativo de los establecimientos penitenciarios. La medida busca desarticular las redes criminales que operan desde los reclusorios y mitigar el déficit institucional de la autoridad carcelaria actual.
De acuerdo con el documento de la Presidencia del Consejo de Ministros, la intervención militar se ceñirá a los parámetros constitucionales y al apoyo logístico y de supervisión en los penales del país.
Asimismo, el proyecto del Ejecutivo promueve la actualización de la normativa penal para habilitar la inversión privada en la construcción, infraestructura y gestión técnica de los centros de reclusión. Esta reestructuración institucional pretende optimizar los regímenes de tratamiento, capacitación laboral y reinserción social de los internos.
El anuncio de la militarización progresiva de las cárceles y la privatización de su infraestructura ha abierto el debate político inmediato en el Parlamento, perfilándose como el eje de mayor controversia dentro del pedido de facultades extraordinarias.
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