La presidencia de la Mesa de Trabajo y la Coordinación Nacional del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio del Poder Judicial instó hoy al Congreso de la República a que extienda y el proceso de diálogo y debate de la propuesta legislativa que reforma el proceso de extinción de dominio.
Este pedido fue realizado a través de un pronunciamiento dado a conocer por el referido organismo que preside el juez supremo titular Manuel Luján Túpez, ante la reciente aprobación en primera votación del dictamen que propone modificar el Decreto Legislativo N.º 1373 sobre extinción de dominio.
«(…) Solicitamos a los representantes de las diversas bancadas del Congreso de la República que se extienda el proceso de diálogo y debate, con el fin de ordenar, ajustar y enriquecer la propuesta legislativa. Es crucial que cualquier reforma a la extinción de dominio se realice de manera rigurosa y detallada, con el objetivo de fortalecer este mecanismo y garantizar que cumpla su propósito fundamental en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, sin generar retrocesos en su efectividad«, precisa.
En ese sentido, expresan su «profunda preocupación y rechazo a la aprobación en primera votación» de la modificación propuesta que introduce cambios en el régimen jurídico de la extinción de dominio.
«Si bien comprendemos y valoramos la intención de mejorar los procedimientos relacionados con la extinción de bienes ilícitos, consideramos que las reformas planteadas dan la espalda a compromisos internacionales y carecen de la profundidad técnica necesaria para garantizar el fortalecimiento de este mecanismo crucial en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y otras actividades ilícitas«, asegura.
Por ello, precisa que el sistema de extinción de dominio fue establecido para cumplir tratados internacionales, como las Convenciones de Viena, Palermo y Mérida, así como las 40 Recomendaciones del GAFI que han sido reconocidas por el Perú como reglas obligatorias
«(…) Que establecen la necesidad de contar con sistemas autónomos y especializados para afrontar eficazmente la corrupción y la criminalidad en todas sus formas, no desde el ámbito del derecho penal como se pretende, sino desde el enfoque de la recuperación de las finanzas ilícitas y el restablecimiento de un mercado justo y limpio; en las que no es necesaria la condena penal previa para que pueda extinguirse el dominio, que no es propiedad sino una apariencia real sin respaldo legal o constitucional alguno«, agrega.
Asimismo, refiere que la extinción de dominio es un instrumento clave en la política criminal del Estado peruano, pues permite recuperar bienes y activos adquiridos, producto de actividades ilegales, a través de la aplicación de un debido proceso que garantiza la protección de los derechos fundamentales.
«Este mecanismo es necesario para frenar la impunidad, debilitar las estructuras del crimen organizado y la corrupción, al afectar directamente los beneficios económicos originados en actividades criminales. Modificar esta herramienta sin un riguroso análisis técnico-jurídico no solo genera vacíos legales, sino que debilita la capacidad del Estado para garantizar que los bienes ilícitos sean efectivamente recuperados y devueltos a la sociedad«, añade.
Fuente: Agencia Andina
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