El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dejó al voto el recurso de tutela de derecho, presentada por la defensa del presidente de la República, para anular la investigación fiscal en su contra.
El magistrado Juan Carlos Checkley anunció que la resolución sobre dicho recurso será expedida en el plazo de ley.
La defensa del jefe del Estado, representada por el abogado Benji Espinoza, argumentó que el Ministerio Público ha vulnerado los derechos del Presidente mediante cuatro actos lesivos: tres violaciones a derechos fundamentales y una garantía constitucional.
Según explicó, la fiscalía vulnero el derecho constitucional y convencional del Mandatario al no ser investigado por un órgano fiscal competente, además, observó un desvío en el procedimiento preestablecido del artículo 117 de la Constitución, que claramente establece las razones por las cuales un jefe del Estado puede ser acusado durante su periodo (traición a la patria, impedir elecciones y disolver el Congreso).
Además, el abogado dijo que existía un trato discriminatorio al presidente de la República comparado con situaciones idénticas o más gravosas que otros expresidentes del país y una afectación a la garantía constitucional de la seguridad jurídica del Dignatario.
“Consideramos que hemos acreditado que la Fiscalía de la Nación, con la disposición fiscal número 6, ha violado el derecho del presidente de la República a no ser investigado por un órgano fiscal competente. El fiscal de la Nación es incompetente para investigar al presidente de la República por fuera de los alcances del artículo 117 de la Constitución”, señaló Benji Espinoza.
Por su parte, el fiscal supremo adjunto, Samuel Rojas, indicó que el despacho del Ministerio Público recibió informes de los despachos fiscales de anticorrupción y de lavado de activos que señalan al presidente como líder de una organización criminal.
“En conjunto, ambos despachos, han arribado a conclusiones semejantes: existen indicios suficientes de que el presidente Pedro Castillo estaría haciendo uso de cargos y lideraría una organización criminal”, expuso.
El fiscal recordó que dicha organización criminal habría estado integrada también por los sobrinos del presidente, empresarios, el ex secretario presidencial, Bruno Pacheco, entre otros.
Condición de investigado
De otro lado, la Comisión de Fiscalización del Congreso varió la condición de testigo a investigado del presidente Castillo por el caso Sarratea.
“El artículo 117 de la Constitución precisa que se le puede investigar mas no acusar. La diferencia es que nosotros no vamos a emitir resolución o sentencia alguna, nosotros estamos investigando, tenemos facultades del Congreso”, afirmó el presidente de dicho grupo parlamentario, Héctor Ventura.
El también congresista de Fuerza Popular indicó que la decisión se dio luego de agotar la vía preliminar para tomar el testimonio del presidente Castillo, quien fue invitado a la Comisión de Fiscalización en 3 ocasiones.
Fuente: Agencia Andina
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