Miles de pescadores jubilados en el Perú atraviesan una de las crisis sociales más prolongadas y desatendidas del país. Son los ex aportantes de la Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador (CBSSP), creada en la década de 1960 con la promesa de garantizar un retiro digno a los hombres de mar, pero que hoy solo entrega pensiones ínfimas, la mayoría de ellas inferiores a 500 soles mensuales.
La CBSSP nació bajo presidencia estatal con un sistema de reparto que debía financiarse con aportes de pescadores y empresas armadoras, además de compensaciones del Estado.
Sin embargo, la falta de cumplimiento de los pagos por parte de algunas compañías, la ausencia de transferencias estatales y la mala gestión administrativa condujeron a un colapso financiero irreversible.
En 2010, la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y AFP dispusieron la disolución y liquidación de la Caja, un proceso que aún se arrastra y que mantiene en la incertidumbre a miles de jubilados y viudas.
“Nos prometieron que después de tantos años de trabajo tendríamos un retiro digno. Lo que tenemos son pensiones de hambre, que no alcanzan ni para la canasta básica. El Estado fue quien administró la Caja y no puede ahora lavarse las manos. Los pescadores dimos de comer al Perú y al mundo con nuestra pesca, y merecemos respeto”, declaró Arístides Chulle Purizaca, antiguo dirigente pesquero, quien exige una salida definitiva.
El Tribunal Constitucional ha recordado en distintos pronunciamientos que el diseño de la política estatal incluía la entrega de compensaciones a la CBSSP, algo que nunca se cumplió.
Además, instó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a realizar un estudio actuarial que permita revisar los topes y montos de las pensiones, pues éstas resultan insuficientes para garantizar la dignidad de los beneficiarios.
Por su parte, el exministro de la Producción, Alfonso Miranda Eyzaguirre manifestó que la deuda con los pescadores es histórica y exige medidas técnicas viables:
“La industria pesquera peruana fue por décadas uno de los pilares de la economía nacional. Los pescadores construyeron esa riqueza con esfuerzo y riesgo permanente en altamar. No es aceptable que hoy sobrevivan con pensiones mínimas”, expresó.
Miranda Eyzaguirre puntualizó que el Estado debe diseñar un mecanismo financiero que, sin poner en peligro la sostenibilidad fiscal, reconozca la obligación social pendiente.
“Ello pasa por una compensación presupuestal complementada con un manejo eficiente del proceso de liquidación”, añadió.
Diversos informes han señalado que el colapso de la Caja se debió también a la falta de control estatal sobre los aportes y a la entrega de pensiones que no guardaban proporción con las contribuciones realizadas.
Sin embargo, para los jubilados esas discusiones ya son parte del pasado: lo urgente, insisten, es garantizar una vejez digna.
“Nosotros no pedimos regalos, pedimos justicia. Si el Estado creó la Caja y nos obligó a aportar, lo justo es que ahora nos responda”, reiteró Arístide Chulle Purisaca, con voz firme.
“Esperemos que esta vez el Congreso tome cartas en el asunto, ponga en agenda este tema y haga justicia para que se haga justicia con los pescadores de la tercera edad que hoy reciben pensiones indignas”, concluyó.
Datos de la crisis
La magnitud del problema es considerable: se estima que más de 20,000 personas, entre pescadores jubilados y viudas, dependen de estas pensiones. Muchas familias en las caletas viven en condiciones precarias, en contraste con la importancia estratégica que la pesca tuvo —y tiene— para la economía peruana, generando divisas y empleo.
A ello se suma que, si bien la Ley N.° 30003 (2013) creó un nuevo régimen especial de seguridad social para los pescadores activos, buscando evitar que se repitieran los errores del pasado, no resolvió el drama de quienes ya estaban jubilados bajo la CBSSP.
Estos quedaron en una especie de “tierra de nadie”, recibiendo pensiones reducidas que no se ajustan al costo de vida actual.
A quince años del inicio de la liquidación de la CBSSP, la situación permanece sin una salida clara y el proceso avanza lentamente, mientras que los afectados siguen esperando decisiones concretas.
El reclamo es unánime: el Estado no puede continuar postergando a los hombres de mar que, con esfuerzo y sacrificio, forjaron una de las principales industrias del país.
Hoy la exigencia es simple y justa: pensiones dignas para quienes dieron su vida en el mar. Porque sin justicia para los pescadores, no hay justicia social en el Perú.
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