El Poder Judicial declaró infundado el pedido de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para conocer la disposición fiscal que autorizó nombrar al agente especial “Roberto”, un parlamentario que entregó a la fiscalía los chats de las coordinaciones con Jaime Villanueva.
La defensa de Benavides, mediante una tutela de derechos, indica que requiere de dicha disposición fiscal y judicial para conocer cuál era el objetivo y las actuaciones específicas que debía realizar el agente especial “Roberto”, toda vez que son el fundamento para el inicio de las investigaciones en contra de su patrocinada.
Al respecto, la resolución del juez Juan Carlos Checkley, señala que la fiscal suprema Delia Milagros Espinoza Valenzuela, titular de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, informó que dicho documento no forma parte de las actuaciones realizadas por su despacho, en el marco de la investigación a Benavides.
Precisa que las disposición fiscal y judicial requerida por Benavides forma parte de la carpeta fiscal del Equipo de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), y que se tramita la autorización judicial correspondiente para remitir la información requerida.
“Durante el debate quedó determinado que la fiscalía suprema contra la cual se plantea la tutela de derechos no cuenta con las actuaciones procesales requeridas por la defensa, y por ende, en modo alguno se restringe el derecho de la investigada para acceder al expediente fiscal o a la información y/o documentación que obre en el mismo”, dice la resolución judicial.
Aclara que la tutela de derechos procede cuando se aprecia una efectiva afectación de algún derecho, situación que no se advierte en la actuación de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, puesto que la “citada fiscalía suprema no cuenta con la información y/o documentación requerida”.
Por ello, declara «infundada la solicitud de tutela de derechos presentada el 01 de febrero de 2024, por la defensa de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, interpuesta en la investigación que se le sigue por el presunto delito de Organización Criminal y otros, en agravio del Estado».
Fuente: Andina
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