Desde mañana rige tope máximo de líneas telefónicas para prevenir el uso de chips en actividades ilícitas.
El Gobierno de transición liderado por José Jerí oficializó el Decreto Legislativo Nº 1338, el cual establece el límite de siete líneas móviles por titular para ciudadanos peruanos y extranjeros.
La norma, que entra en vigencia mañana 14 de febrero, crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg), una herramienta diseñada para combatir el comercio ilegal de celulares y fortalecer la lucha contra la extorsión y la inseguridad ciudadana.
Restricciones y supervisión de Osiptel
A partir de la fecha indicada, ninguna persona podrá contratar nuevos servicios si ya alcanzó el tope de siete líneas, independientemente de la empresa operadora que preste el servicio. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) será el ente encargado de cruzar información y fiscalizar el cumplimiento de este límite, por lo que las operadoras deberán realizar una verificación obligatoria de la cantidad de líneas vigentes de un usuario antes de procesar cualquier nueva contratación.
En caso de detectarse un excedente no autorizado, el organismo regulador ordenará a las empresas proceder con la anulación de los servicios adicionales bajo un procedimiento que permitirá al usuario elegir qué números desea conservar.
Asimismo, el incumplimiento de estas disposiciones por parte de las empresas de telefonía constituirá una infracción administrativa sujeta a sanciones y multas impuestas directamente por el regulador en el ejercicio de sus funciones legales.
La normativa contempla una cláusula de permanencia para quienes ya poseen más de siete líneas antes del 14 de febrero, permitiéndoles mantener sus servicios actuales pero impidiéndoles adquirir cualquier línea nueva.
No obstante, el decreto ha generado debate debido a que no establece acciones específicas de baja automática para estos casos preexistentes, dejando abierta la posibilidad de que el futuro reglamento incluya excepciones para ampliar el contrato de servicios bajo condiciones especiales que el Ministerio del Interior o el sector telecomunicaciones determinen oportunamente.
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