La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que el país celebrará elecciones libres y justas, aunque evitó establecer un cronograma o plazos específicos para los comicios presidenciales. En su primera entrevista con un medio estadounidense (NBC) tras la detención de Nicolás Maduro por parte de Washington, la mandataria interina vinculó la realización de la votación al cese de las sanciones y del «acoso internacional».
Pese a la captura de Maduro, Rodríguez defendió su legitimidad y su inocencia ante los cargos de narcoterrorismo, mientras destacó una etapa de «cooperación» con la Casa Blanca centrada en la reactivación de la industria petrolera y la revisión del sistema judicial.
Diplomacia y transición política
Rodríguez subrayó que el calendario electoral será resultado del diálogo político interno, desestimando las sugerencias de funcionarios estadounidenses sobre plazos de hasta tres años. Respecto a la relación con la Administración Trump, la presidenta encargada negó una tutela directa de Washington, prefiriendo hablar de «trabajo conjunto». No obstante, mantuvo una postura firme en defensa de Maduro y Cilia Flores, apoyándose en informes de la ONU para cuestionar las acusaciones de narcotráfico que pesan sobre el exmandatario.
En el ámbito económico, Venezuela busca transformarse en un gran productor de crudo mediante una nueva Ley de Hidrocarburos. Rodríguez aclaró que esta reforma no implica una desnacionalización, sino un modelo de gestión que atraiga inversión privada y reduzca la carga fiscal.
Actualmente, la comercialización de 50 millones de barriles de petróleo por parte de EE. UU. ha generado ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares, fondos que, según la mandataria, se destinarán a fondos soberanos para la reconstrucción de infraestructuras y protección social.
Respecto a la liberación de presos políticos, la mandataria aseguró que se trata de una iniciativa soberana iniciada en diciembre de 2025 y no de una imposición externa. Aunque organizaciones civiles difieren sobre las cifras reales, el Gobierno afirma haber excarcelado a más de 800 personas.
Rodríguez defendió la Ley de Amnistía que se debate en el Parlamento y admitió que, aunque el sistema de justicia actual «protegió la paz», es necesario un proceso de evaluación y corrección de sus fallas.
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