La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio inicio a una serie de jornadas de orientación dirigidas a los seis partidos políticos que lograron representación en el Congreso de la República. El objetivo de las reuniones es brindar asistencia técnica para la correcta administración y fiscalización del financiamiento público directo correspondiente al quinquenio 2026-2031.
El cronograma de trabajo incluye capacitaciones a representantes de las distintas agrupaciones con bancada parlamentaria para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
El financiamiento público directo se otorga de forma mensual con el fin de fortalecer la institucionalidad partidaria. Según el marco legal, la distribución de los fondos se calcula en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y el total de votos válidos obtenidos, aplicando un reparto del 40 % en partes iguales y un 60 % de forma proporcional a los resultados electorales.
Por ley, los partidos deben destinar al menos el 50 % del presupuesto a actividades de formación, capacitación, investigación y promoción de la participación femenina, mientras que el porcentaje restante puede cubrir gastos de funcionamiento ordinario y operativo.
Supervisión y reglas de transparencia
La Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE estará a cargo de la fiscalización continua mediante auditorías directas e inspecciones. Las agrupaciones políticas deberán presentar una programación formal de gastos y quedan estrictamente prohibidas de utilizar estos recursos en campañas electorales o fines de lucro.
El incumplimiento de las normas de rendición de cuentas puede derivar en sanciones económicas o en la suspensión del beneficio, cuyos informes técnicos finales son de acceso público.
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