La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos, a cargo de la fiscal provincial Yenny Huacchillo Nuñez, ha presentado una acusación en la que solicita ocho años de prisión efectiva para el general PNP Víctor Zanabria y el coronel PNP Frank Chang.
Ambos son imputados por los delitos de lesiones graves y lesiones leves, en la modalidad de comisión por omisión, en agravio de los ciudadanos Renato Murillo y Benedicto Huaccachi, respectivamente.
Estos hechos se produjeron en las represiones policiales durante las protestas del 12 de diciembre de 2022, «en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos». Asimismo, se requirió la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de tres años y ocho meses.
El documento fiscal detalla la gravedad de los impactos sufridos por los manifestantes. Por un lado, Renato Murillo recibió el impacto de una bomba lacrimógena directamente en la cabeza, una lesión que lo mantuvo en estado de coma durante doce días. Por su parte, Benedicto Huaccachi fue impactado por un proyectil de características similares a la altura de la pelvis.
Las imputaciones fiscales también alcanzan a otros efectivos de la Policía Nacional con diferentes niveles de responsabilidad. Para el teniente PNP Luis Bazán, el Ministerio Público solicita siete años de cárcel efectiva como autor directo en el caso de las lesiones graves; mientras que para el mayor PNP Luis Ávila y el comandante PNP Jorge Celadita, la Fiscalía pide seis años de prisión.
En el caso de las lesiones leves en agravio de Huaccachi, el ST3 PNP Dino Tarrillo afronta un pedido de tres años de cárcel. Asimismo, bajo la imputación de comisión por omisión, se han solicitado dos años de cárcel para el ST1 PNP Eder Tasayco y el mayor PNP José Solari. A todo este grupo de agentes también se les ha requerido tres años y ocho meses de inhabilitación para ejercer la función pública.
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