Para contribuir así con la seguridad ciudadana
El ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Eduardo Arana, destacó que su sector viene realizando acciones estratégicas y operativas orientadas a contribuir en la lucha contra ese flagelo que pretende generar inestabilidad y zozobra en el país.
En ese sentido, tras expresar su solidaridad con los transportistas que han sufrido los efectos del crimen, anotó que, durante su gestión, se elaboró la Política Nacional Penitenciaria que pretende mejorar el tratamiento de los internos, así como resolver el hacinamiento penitenciario.
Detalló que se ha logrado implementar más de 600 unidades de albergue en los penales de Puno, Lampa y Chimbote.
Mientras que se vienen ejecutando obras en el penal de Iquitos, se colocó la primera piedra del nuevo penal de Abancay y se inauguró en el penal de Ancón I un nuevo sistema que permite controlar por primera vez un establecimiento penitenciario con Inteligencia Artificial (IA) predictiva los 365 días del año.
Asimismo, anunció que el penal de Challapalca (Tacna) se convertirá en el segundo penal del país controlado completamente con IA.
En esa misma línea, indicó que se ha gestionado presupuesto para construir nuevos penales.
“El MEF escuchó y nos hizo un espacio en Ley de Endeudamiento, ahí tendremos financiamiento. Pero no nos quedamos de manos cruzadas, hemos convocado a la CAF y al BID para que participen en proyectos por 3 mil millones de soles en los penales. Además, diseñamos una oferta de Obras por Impuestos que implica la adquisición de equipamiento como body scam, controles de rayos x y otros implementos tecnológicos para asegurar que ninguna llamada ilegal se realice desde los penales”, dijo.
Además, resaltó la reciente creación del Pronapres, que en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estará a cargo de temas de infraestructura, equipos y normas.
En otro momento, puntualizó que 33 penales del país ya cuentan con bloqueadores de señal de telefonía e Internet.
Explicó que los internos en los penales cuentan con teléfonos públicos, mediante un convenio con una empresa privada; sin embargo, las comunicaciones mediante estos equipos no pueden ser intervenidas, por lo que invocó al Ministerio Público y al Poder Judicial a que intervengan, pues son las instituciones que tienen la potestad legal para hacerlo.
Del mismo modo, detalló que su sector propuso “una norma modifica el sistema de control de llamadas, con esta norma legal serán las empresas operadoras de telefonía quienes asumirán la responsabilidad de la señal telefónica e internet en los pensiles y serán sancionadas cuando se viole esta norma. Este reglamento, que la próxima semana será aprobada solucionará el problema de las llamadas ilegales”.
El ministro Arana mencionó también que su sector ha liderado más de 6,000 operativos y requisas el año 2024 y más de 1,500 en lo que va de este año en los penales.
Manifestó, asimismo, que a través de la Defensa Pública del Minjusdh brinda asesoría legal gratuita para la población con más de 2,200 abogados con presencia en las Unidades de Flagrancia y que desde el Ejecutivo se ha otorgado presupuesto a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial para que intervengan en estas unidades a fin de brindar una justicia célere.
Seguidamente, comentó que el Estado cuenta con órganos en los que se diseñan políticas y se presentan propuestas para la lucha contra la criminalidad como el Conasec y el Conapoc.
“Tenemos como objetivo proponer diseñar y mejorar las políticas públicas, actualización de normas, mejorar las condiciones de los recursos humanos, incrementar la infraestructura el equipamiento, para cerrar la brecha que en los últimos 10 años no fue atendida”, dijo tras anotar que el tema de la criminalidad organizada afecta no solo al Perú sino a todos los países de la región.
Finalmente, indicó que el Minjusdh ha sido la primera institución en expresar su preocupación por la modificación de Ley de Extinción de Dominio, pues se considera que su aplicación sería un retroceso.
Esta exposición fue realizada durante su participación en la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana con la participación de titulares del Congreso y el Poder Judicial, Fiscalía de la Nación, ministros, congresistas, representantes de los gremios de transportistas y funcionarios.
Fuente: Agencia Andina
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