En sesión vespertina del Pleno, informaron ante la representación nacional sus metas y propuestas para el próximo año, donde propusieron la modernización del Ministerio Público, priorización en la atención de expedientes pendientes; optimización de los servicios de justicia electoral para la ciudadanía y las organizaciones políticas mediante el JNE; supervisión y seguimiento a los acuerdos en el programa presupuestal de lucha contra la violencia hacia la mujer y acuerdos en el marco de la prevención y gestión de conflictos de la Defensoría del Pueblo.
MINISTERIO PÚBLICO
La titular del Ministerio Público, Liz Patricia Benavides Vargas explico la urgente necesidad de su sector de implementar la política de modernización, que coadyuvará en su objetivo de luchar contra la corrupción.
Benavides Vargas sostuvo que sólo se le ha asignado el 31% de la demanda global solicitada para su sector. El Ministerio Público para el 2023 había demandado S/ 8,937 (Ocho mil novecientos treinta y siete mil millones); mientras que el presupuesto asignado es de S/. 2,786 (dos mil setecientos ochenta y seis mil millones. Queda una brecha identificada por cubrir de S/. 6,151 (seis mil ciento cincuenta y un mil millones).
Sustenta su trabajo en la lucha contra la corrupción, modernización institucional, fortalecimiento de la gestión institucional y mejora de la función fiscal, administrativa y forense. El Ministerio Público interviene en el 100 % de las fases del proceso penal pero solo recibe el 31% de lo solicitado.
“¿Qué Ministerio Público y moderno puede fortalecerse con solo el 31% de lo que necesita?, se preguntó.
Necesitamos implementar el nuevo Código Procesal Penal. La carga fiscal es mayor a un millón de carpetas, pero proyectamos al 2025 atender un millón 800 mil carpetas, indicó.
El Instituto de Medicina Legal, sostén del trabajo fiscal está en crisis, necesitamos 132 millones para superar la crisis que esta institución afronta. De igual manera es necesario atender el incremento remunerativo a los trabajadores del sector Justicia, son 26,500 trabajadores que esperan que el fruto de su trabajo sea recompensado, dijo.
Tenemos también que implementar el ingreso de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios para el equipo de Fiscales Contra la Corrupción, el equipo que trabaja contra los “cuellos blancos” y área especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, e implementación de la Unidad de Flagrancia.
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES
El Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, (JNE) Jorge Luis Salas Arenas recordó que el sector electoral está compuesto por la triada ONPE, JNE y RENIEC.
El (JNE) es un organismo autónomo, que tiene por misión garantizar la legitimidad del sistema democrático en el Perú, a través de una imparcial administración de justicia electoral y fiscalización efectiva de los procesos electorales; goza del reconocimiento de todas las organizaciones pares.
Las principales metas del (JNE) para el 2023, son implementar el proceso de elecciones Municipales Complementarias en julio del 2023, administración transparente y oportuna en administración de justicia electoral, atención efectiva y oportuna del registro de organizaciones políticas, atención de iniciativas legislativas y reglamentación electora, fiscalización efectiva y transparente de comités partidarios, padrón electoral y programas de sensibilización a la ciudadanía, entre otras.
Presupuesto es de S/. 58, 020,030, incluido los S/. 9, 854,433 asignados al desarrollo de Elecciones Municipales complementarias. El JNE solicitó la demanda adicional de S/. 16, 000,000 para los rubros de Bienes y Servicios y Adquisición de activos financieros.
ONPE OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES
El Presupuesto del año fiscal 2023 para la ONPE es de S/. 99, 147,556. Asignados para funcionamiento: S/. 83, 071,042 y el presupuesto para Elecciones complementarias 2023, es de S/. 16, 076,514.
Salas Arenas sostuvo que la función del (JNE) es esencial para que el país se desarrolle en el marco democrático adecuado. En la reciente visita de la OEA, constataron que las elecciones 2021, han sido claras, justas y transparentes a criterio de los visitantes.
Nuestro objetivo es reducir el número de actas observadas. Efectuar capacitación en finanzas partidarias. Limitar la asistencia técnica electoral a escala nacional, desarrollar acciones de educación electoral.
RENIEC REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
El presupuesto asignado para esta institución es de S/. 528.36 millones de soles en los rubros de personal y obligaciones, pensiones, bienes y servicios, otros gastos y activos no financieros. El (RENIEC) presentó una demanda adicional de S/. 256 millones para gastos rígidos, masificación de DNI, campañas de gratuidad, contrapartida proyecto BID, y reposición de equipos obsoletos.
Benavides Vargas, recordó que según la Ley de Presupuesto 2023 se prevé restricciones y limitaciones para (RENIEC) a partir del 2023. (RENIEC) perderá autonomía en el manejo de sus Recursos Directamente Recaudados, estos pasarían al Tesoro Público; quitándoles la posibilidad de contar con saldos de balance que nos permitían financiar encargos de gestión y otros egresos imprevistos.
Se requieren efectuar modificaciones presupuestales, priorizando las necesidades de gestión. Es imprescindible contar con opciones que permitan tener flexibilidad para orientar los recursos a la reducción de brechas y atención de las demandas por servicios de los ciudadanos, dijo.
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
La Defensora del Pueblo Eliana Revollar Añaños sostuvo que esa institución a la fecha tiene un avance de ejecución a nivel de certificado del 99%, con respecto al Presupuesto Inicial Modificado (PIM).
Revollar afirmó que han cumplido con la meta 2022 de atención a 134,640 personas y desarrollo de 1534 acciones de promoción de derechos. 118 763 casos atendidos, 7500 supervisiones; 1588 actuaciones en conflictos sociales y 400 distritos pobres visitados.
El presupuesto otorgado es para la atención de metas trazadas al 2023, como son atender las 40 sedes defensoriales a nivel nacional, atención de casos por canales virtuales y telefónicos, supervisión a entidades, personas informadas en sus derechos, viajes itinerantes a zonas más vulnerables y rurales y campañas digitales gratuitas de difusión de derechos por redes sociales.
Supervisión a políticas de gobierno referidas a frenar hambre e inseguridad alimentaria, salud pública e instituciones educativas, supervisión a establecimientos de salud en comunidades indígenas, personas adultas mayores, niños, niñas y adolescentes, infraestructura educativa e implementación de Ley de Alimentación Saludable, entre otros.
Las prioridades al 2023 son la atención y participación en el 100% de mesas de diálogo, defensa a personas y comunidades afectadas por desastres ambientales, seguimiento a casos emblemáticos de corrupción en el país, participación en audiencias públicas de rendición de cuentas de las nuevas autoridades regionales y municipales, atención a poblaciones vulnerables y seguridad ciudadana.
El presupuesto requerido por la Defensoría del Pueblo es de S/. 113’787,082. El presupuesto asignado por el MEF asciende a S/. 72’915,022, manteniéndose el déficit presupuestal de S/. 40’872,060.
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