A un año de los sismos de septiembre, no es posible identificar un panorama completo sobre la reconstrucción con la información pública disponible, y tampoco se puede conocer ni evaluar si las acciones del gobierno han cumplido sus objetivos para la atención de todas las necesidades de la población afectada, afirman Transparencia Mexicana (TM) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
En un estudio publicado este lunes, ambos organismos sostienen que tres sectores concentran el 71% de los recursos públicos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden): educativo, vivienda, y monumentos. Sin embargo, no se tiene información sobre el Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas (Fonrec).
De acuerdo con el informe sobre transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y privados asignados para la reconstrucción, suman más de 38 mil millones de pesos los destinados a ocho entidades del país.
Los recursos públicos autorizados para el Fonden suman casi diez veces más que el valor monetario de donativos privados reportados por donatarias y fideicomisos autorizados, que recaudaron alrededor de 3 mil 900 millones de pesos.
La última actualización del costo total de la reconstrucción, realizada en abril de 2018 y publicada en el portal FM-TP, reportó un monto de 38 mil 163 millones 343 mil 988 pesos.
Con la información disponible, esta cifra parece una estimación que no puede ser verificada, dado que los datos de los diagnósticos de daños están incompletos y los costos de las obras, en las bases de datos, no siempre se reportan, precisa el estudio.
Por consiguiente, se entiende que esta cifra es la suma de los recursos que se aprobaron conforme avanzaba el proceso, pero se desconocen los criterios.
Con la información disponible, Fundar infirió que los componentes centrales del Fonden son los Apoyos Parciales Inmediatos (Apines), (6 mil 844 millones 389 mil 946 pesos) y los recursos para reconstrucción (22 mil 810 millones 342 mil 755); además, hay un apartado de recursos destinados para los gastos de evaluación de daños (39 millones 960 mil 093 pesos). En total, estos tres elementos suman 29 mil 694 millones 692 mil 794 pesos, es decir, casi 78% de los recursos totales.
El 22% restante corresponde a las aportaciones que debieron hacer las entidades federativas (8 mil 468 millones 651 mil 194 pesos).
A partir de lo publicado en el portal FM-TP, los tres sectores con la mayor cantidad de recursos destinados a acciones y obras fueron educativo, vivienda y monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Estos acumularon 27 mil 059 millones 763 mil 605 pesos, es decir, 71% del total de los recursos para la reconstrucción.
Y si se toma como cierto el dato sobre los recursos exclusivamente del Fonden, estos tres sectores requirieron 91% del fondo.
En su informe, Fundar y Transparencia presentan una síntesis de las principales omisiones de información publicada sobre los tres sectores con mayor proporción de recursos públicos aprobados.
La base de datos de reconstrucción de escuelas publicada en el micrositio FM-TP por la Secretaría de Educación Pública (SEP) integra 19 mil 194 registros de los planteles afectados. La infraestructura de primaria, 41% (7 mil 820 registros), preescolar, 31% (5 mil 969), secundaria, 19% (3 mil 641) y bachillerato, 6% (mil 065 registros). Según esta fuente, la infraestructura de primaria fue la que sufrió mayores daños.
En el mismo sitio se reporta que, de las 11 entidades con registros de daños, los cinco estados con mayor número de afectaciones en infraestructura educativa fueron el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla y la Ciudad de México, acumulando 80% de las escuelas dañadas. Y también se resalta que, según las cifras, 63% de los daños en escuelas fueron categorizados como “mínimos”, en tanto que 36% y 1% se reportaron como “moderados” y “graves”, respectivamente.
Sobre esta clasificación, no se describen los criterios que determinan si un plantel tiene daños mínimos, moderados o graves. Además, 22% de los registros no indican si los planteles fueron valorados, 32% de los registros no cuentan con el detalle de los daños y 41% no presentan respaldo fotográfico.
Por otro lado, todos los registros muestran como “información en construcción” los datos sobre si las escuelas están operando o no. Asimismo, 26% de los registros no reportan ningún dictamen técnico, y todos carecen de una indicación sobre la dependencia que debería supervisar las obras, del nombre de la o el supervisor, y sobre todo del registro fotográfico de avance al 25%, 50% y 100%.
Por tanto, las interrogantes generales sobre la consistencia entre el monto que se destinó a este sector y las obras que se han realizado, no se pueden responder a la luz de la información disponible.
En el sector vivienda, la base de datos de apoyos elaborada por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), cuya última actualización se realizó en julio de 2018, indica la afectación de 191 mil 227 viviendas, de las cuales 66% (126 mil 970) se reportó con daño parcial y 34% (64 mil 257) como pérdida total.
Oaxaca, Chiapas y Puebla concentran 86% de las viviendas con daño parcial y 79% con pérdida total. Al respecto, se puntualiza que estos son los datos reportados en las plataformas oficiales y no es posible afirmar que estén consolidados y contengan el censo de toda la población afectada, en todas las localidades y comunidades.
En este sentido, si se analizan los datos del Bansefi y se contrastan con los de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), se observa que existen inconsistencias en la información, principalmente en las dos entidades con mayor cantidad de viviendas dañadas (Oaxaca y Chiapas). Además, en el estadístico de la dependencia federal, para el estado de Veracruz no se reportaron datos.
Por su parte, el sexto informe de gobierno de la administración que concluye este año reportó un avance de 96% de los recursos entregados para apoyo de viviendas a cargo del Fonden.
Esta estimación se realizó con base en lo indicado en el estadístico de Sedatu y afirma que, hasta junio de 2018, 164 mil 455 titulares de viviendas dañadas habían recibido, a través de tarjetas, apoyos monetarios y para materiales. No obstante, si esta cifra se contrasta con la base de datos del Bansefi, solo se habría cubierto 86% de viviendas afectadas.
También en el sexto informe de gobierno se destacó la identificación de 111 mil 628 viviendas con daños parciales y 59 mil 867 con pérdida total. El primer dato sí coincide con el estadístico de Sedatu, pero el segundo no, y ambas cifras no son consistentes con la información en la base de datos del Bansefi.
En el sector Monumentos Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el portal indica que la tercera mayor distribución de recursos fue para la recuperación de monumentos tanto arqueológicos como artísticos e históricos, con poco más de 6 mil millones de pesos. Al respecto, la base de datos publicada por la Secretaría de Cultura, actualizada por última vez en mayo de 2018, reportó 2 mil 694 registros de recintos afectados por los sismos.
Las cinco entidades con mayores afectaciones a su patrimonio cultural, histórico y arqueológico, según los datos oficiales, fueron: Oaxaca, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Los monumentos históricos representaron 88% del patrimonio dañado.
Respecto de la clasificación de daños, la base de datos indica que 25% (681) se reportó con daño menor, 41% (1,112) con daño medio y 16% (440) con daño grave. Sobresale que 17% (461) de los datos indican “información en construcción” y tampoco se describen los criterios para esta clasificación.
Por otro lado, 100% de los registros carecen de información sobre el estatus de operación de las obras, la fecha de verificación, el nombre de las o los supervisores, las empresas que las ejecutarán, las instancias responsables y el avance físico y financiero.
En todos los sectores, las deficiencias en la información agudizan la opacidad, a la luz de la cantidad de recursos destinados para la reconstrucción en este sector, según el estudio.
(Fuente: Nodal)
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