Escribe: Dr. Tullio Bermeo Turchi
A inicios de febrero, el club César Vallejo anunció el fichaje más importante de los últimos años en el fútbol peruano. Se trataba de la contratación de Paolo Guerrero. Conocida la noticia, los hinchas trujillanos se ilusionaron. Estaba vez sí campeonamos, afirmaban ante los medios de comunicación. Sin embargo, de un momento a otro, la situación dio un giro de 180 grados. El depredador comunicó a la dirigencia su intención de rescindir el contrato, debido a cuestiones familiares.
La inesperada decisión de Paolo sorprendió a todos. Tanto en Trujillo como en el resto del país el que menos se preguntaba qué había pasado. ¿Por qué el Depredador daba marcha atrás? Luego de varios días de especulación la verdad se abrió paso. La mamá del artillero, doña Peta, había sido amenazada, aparentemente por organizaciones criminales que operan en La Libertad.
En un medio local, Paolo mostró los mensajes que su mamá había recibido por Whatsapp. En una de ellas, decía: “Habla, tía Peta, mándale este recado a Paolo, que acá el norte es nuestro y que vaya acomodándose a nuestro ritmo. Queremos que nos haga una colaboración a la organización, caso contrario, así esté con 10 guardaespaldas, lo vamos a topar, y luego se lamentará de las consecuencias (…)”.
La sensación de inseguridad que sintió Paolo, es la misma de ocho de cada diez peruanos que viven temerosos de ser objeto de un acto delictivo o situación que ponga en peligro el bienestar físico o moral suyo y de los que le rodean.
Según el reporte de la Policía Nacional, entre el 2019 y julio del 2023, se ha podido identificar algunos delitos con variación atípica, de acuerdo a las denuncias ingresadas al sistema policial.
Por ejemplo, los delitos informáticos aumentaron de 930 denuncias en el 2019 a 7 734 en el 2023. Los casos de usurpación pasaron de 2 469 denuncias a 4 802 en el mismo periodo de tiempo.
La extorsión es otro crimen que ha escalado en gran manera en los últimos 5 años. En el 2019 se denunciaron 1 246 casos y en el 2023 7 747. De igual forma, los casos de homicidio pasaron de ser 1 315 a 2 474 en el mismo periodo.
Para vivir en una sociedad segura donde exista el principio de autoridad, las autoridades deben afrontar juntas esta problemática. Los gobiernos locales como el Pronabi deben transferir espacios físicos en favor del Poder Judicial para la instalación de módulos de flagrancia, tal como lo señala la ley. De esta manera, podremos tener presos, de manera célere, a los que delinquen.
Igualmente, hay que mejorar los recursos económicos a la Policía Nacional, para que puedan cumplir eficientemente con sus labores de investigación, seguimiento y captura.
En el caso del Ministerio Público, se le debe otorgar mayores herramientas logísticas, que le permitan contar con más personal y que estos estén mejor preparados.
