María del Pilar Tello
Artículo de opinión
La reciente controversia en torno al voto de investidura del gabinete ha vuelto a poner en evidencia las tensiones estructurales del sistema político peruano y la creciente fragilidad del Ejecutivo.
La reformulación del gabinete, un día antes de solicitar la confianza parlamentaria no es un episodio más de la dinámica política nacional. Es el síntoma visible de una crisis más profunda que afecta el funcionamiento mismo de la democracia.
El Perú es, formalmente, una república presidencial. Esto significa que el presidente de la República es elegido directamente por los ciudadanos y que el Ejecutivo tiene un mandato político propio, distinto del Parlamento. El presidente elegido es jefe de Estado y jefe de Gobierno.
Sin embargo, la evolución de la práctica política en las últimas décadas ha ido alterando el equilibrio de poderes. El voto de confianza al gabinete, que en principio es un mecanismo de diálogo entre poderes, se ha convertido en instrumento de permanente presión parlamentaria.
Estamos ante una transformación silenciosa del sistema presidencialista. El Ejecutivo ya no actúa con la autonomía que caracteriza los regímenes presidenciales clásicos. Cada gabinete debe construir mayorías parlamentarias para sobrevivir, lo que nos acerca a la lógica propia de los regímenes parlamentarios, pero distorsionada.
Porque este acercamiento es profundamente problemático. En los sistemas parlamentarios, el Parlamento puede retirar la confianza a un gobierno, pero tiene la responsabilidad de formar uno nuevo. En otras palabras, el Parlamento gobierna.
En el Perú ocurre algo distinto. El Congreso puede bloquear, debilitar o condicionar al Ejecutivo, sin asume la tarea de gobernar. Esta asimetría produce una situación institucional inestable, una crisis que se torna crónica.
El Ejecutivo se vuelve frágil y dependiente de acuerdos parlamentarios de corto plazo. El Congreso acumula poder de veto sin asumir responsabilidades de gobierno. Y el sistema político se instala en una lógica de negociación permanente que debilita la capacidad del Estado para actuar con coherencia.
Las consecuencias para la democracia son tóxicas. La inestabilidad política permanente genera incertidumbre económica, paraliza reformas necesarias y alimenta la percepción de incapacidad del Estado de ofrecer soluciones a los graves problemas del país.
Pero el daño más grave es institucional. Cuando el poder político se vuelve estructuralmente inestable, otros actores comienzan a ocupar el espacio que deja la debilidad del Estado. El poder económico, el poder mediático y, cada vez más, el poder tecnológico adquiere una influencia creciente en la toma de decisiones. Sin hablar del poder de la informalidad y de las diversas mafias que operan en nuestro país.
Este fenómeno no es exclusivo del Perú. En muchas democracias se observa un desplazamiento del poder político hacia nuevos centros que operan fuera de los mecanismos tradicionales de representación democrática.
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