Durante operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales”
La Contraloría General identificó que 2,609 funcionarios designados en cargos de confianza en 289 entidades públicas a nivel nacional no cumplen o no acreditan cumplir con los perfiles establecidos en su Manual de Organización y Funciones (MOF), Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y/o Clasificador de Cargos.
Esta cifra representa el 34% de los 7,574 funcionarios designados en cargos de confianza de 332 entidades (25 gobiernos regionales y 307 gobiernos locales) intervenidas como parte del Operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales”, realizado del 22 al 26 de abril del 2019.
Esto significa que en el 87% (289) de los 332 gobiernos regionales y locales intervenidos se identificaron funcionarios de confianza que no cumplen o no acreditan cumplir con los perfiles, situación que debilitan el servicio meritocrático, al no asegurar el acceso de funcionarios idóneos para el puesto que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales y la profesionalización de la función pública orientada a generar valor público en beneficio del ciudadano.
Cabe destacar que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) ha comunicado a la Contraloría General (Oficio N° 127-2019-SERVIR/PE) que “no resulta válida la contratación, designación o encargatura en un puesto (incluido los de confianza) de quien no cuente con el perfil establecido, debido a que ello implicaría una contravención a los documentos de gestión que regulan los perfiles de puestos de la entidad y a las normas de acceso al empleo público”.
Situaciones adversas
Durante el operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales”, se identificaron seis situaciones adversas que fueron comunicadas oportunamente a los titulares de los gobiernos regionales y locales a fin de que adopten las medidas preventivas y correctivas pertinentes.
Las otras situaciones adversas identificadas son las siguientes:
- En el 78% (259) de las 332 entidades visitadas, los legajos del personal de confianza carecen de documentación que sustenten los grados obtenidos por los profesionales, constancias de estudios, certificados de trabajos y declaraciones juradas, entre otros, incumpliendo la normativa. En algunos casos, los legajos se encuentran desactualizados.
Esta situación limita la verificación del cumplimiento de perfiles de funcionarios de confianza a fin de determinar oportunamente si los funcionarios cuentan con los grados y títulos declarados en sus hojas de vida así como las capacidades y experiencia exigida para el puesto.
- En el 51% (169) de las 332 entidades intervenidas, se ha designado funcionarios de confianza por encima del 5% del total de trabajadores de cada entidad, incumpliéndose la normativa vigente.
Esta situación incide sobre en el presupuesto de la entidad, al considerarse un mayor número de funcionarios a quienes se les fija remuneraciones más elevadas que al personal en general, lo cual disminuye los recursos que pueden ser destinados a otros servicios.
- El 32.5% (108) de los 332 gobiernos regionales y locales se han emitido o modificado los Manuales de Organización y Funciones (MOF), a partir del 2 de enero del 2014, a pesar de que estaban impedidas de hacerlo.
Dicha situación adversa se genera por desconocimiento normativo teniendo como consecuencia que las funciones, servicios y operaciones que realiza la entidad, en base al MOF modificado después de esta fecha, no se sustente en el principio de legalidad.
- El 31% (103) de las 332 entidades intervenidas se designaron funcionarios de confianza en plazas no previstas en la normativa interna (Manual de Organización y Funciones – MOF, Manual de Perfiles de Puestos – MPP, y/o Clasificador de Cargos).
Esta situación ocasiona que el vínculo laboral del personal de confianza no tenga una correcta o válida justificación administrativa; además, al no haberse observado las normas de acceso a la función pública se vulnera el interés general e impide la existencia de una relación válida, lo cual genera a su vez una menor disponibilidad de recursos para brindar más y mejores servicios.
- En el 3.3% (11) de entidades se identificaron 12 funcionarios de confianza que se encontraban registrados como sancionados en la Autoridad del Servicio Civil (Servir), estando impedidos de laborar en el sector público, situación que evidencia que no se implementaron mecanismos de fiscalización durante el proceso de incorporación de funcionario.
Además, en el cruce de información masiva en la base de datos de SERVIR, se identificaron 18 casos de personas inhabilitadas para prestar servicios en el Estado. En 10 casos se dejó sin efecto la designación y los ocho restantes cuentan con medida cautelar, cumplieron su sanción o archivaron su caso.
IMPACTO DEL OPERATIVO
Durante y después del operativo, un total de 318 funcionarios designados en cargos de confianza en 90 entidades públicas fueron cesados o renunciaron a su cargo, después de haberse comunicado a las titulares de las entidades los casos específicos de incumplimiento o faltas (al 13 de junio del 2019).
RECOMENDACIONES
La Contraloría General formuló siete recomendaciones orientadas a contribuir a la mejora de la capacidad y eficiencia de las entidades municipales e impulsar la modernización de la gestión pública. Entre ellas, destaca:
-Al Congreso: Proponer normas que mejoren la regulación de las políticas de incorporación del personal de confianza en las entidades del Estado.
-Al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): Propiciar estrategias para incentivar a los gobiernos regionales y locales para que se adecuen a las normas emitidas por Servir, principalmente en materia de incorporación del personal en cargos de confianza. Además, impulsar acciones que conlleven a un necesario apoyo de la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, encargado de administrar el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos.
-Al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE): Generar acciones de supervisión y monitoreo para que los funcionarios responsables del órgano encargado de las contrataciones estén debidamente certificados.
-A la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR): Impulsar la incorporación de las entidades locales y regionales al régimen Servir, considerando las posibilidades técnicas y legales, las limitaciones presupuestales y condiciones del mercado laboral en los distritos alejados del país; con la finalidad de captar a los profesionales mejor capacitados y el apoyo y fiscalización posterior a los gobiernos regionales y locales para verificar el cumplimiento de las políticas y normas del sistema del servicio civil.
EL DATO
- A iniciativa de la Contraloría General, los representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Defensoría del Pueblo, Autoridad del Servicio Civil (Servir) y de los gobiernos regionales y locales, sostuvieron una reunión de coordinación a fin de adoptar medidas urgentes que promuevan la meritocracia en la administración pública. Actualmente, evalúan conformar una Mesa de Trabajo para abordar este tema.
- Como parte de la política de transparencia y acceso a la información, los resultados del operativo “Designación de funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos regionales y locales” fueron publicados en el portal institucional www.contraloria.gob.pe, sección Participación Ciudadana, ventana Operativos de Control.
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