El proceso judicial por la autoría intelectual del crimen contra el dirigente ambientalista avanzó de manera formal hacia su etapa decisiva. El Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó el auto de apertura a juicio oral y público para el exalcalde del municipio de Tocoa, Adán Fúnez, así como para los empresarios Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez.
Con esta resolución, emitida tras la culminación de la audiencia preliminar, corresponderá al Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, con sede en Tegucigalpa, determinar la responsabilidad penal de los procesados.
El Ministerio Público imputa a los tres investigados los delitos de asesinato y asociación para delinquir en agravio del exregidor municipal y de los derechos fundamentales de la sociedad hondureña, sustentado en escuchas telefónicas, peritajes de tráfico de comunicaciones y evidencia documental.
El homicidio de Juan Antonio López, reconocido defensor de los bienes comunes e integrante del consejo municipal de Tocoa, ocurrió el 14 de septiembre de 2024 y generó movilizaciones sociales tanto a nivel nacional como internacional.
En la causa paralela por la ejecución material del atentado, tres personas permanecen bajo la medida de prisión preventiva a la espera de la instalación de su respectivo debate oral. En cuanto a los presuntos autores intelectuales, Fúnez afronta el expediente bajo la medida de arresto domiciliario desde julio pasado, disposición concedida por motivos de salud y edad, mientras que los empresarios Ramos Gallegos y Méndez continúan vinculados en calidad de coacusados dentro del requerimiento fiscal.
La captura de Adán Fúnez se ejecutó la mañana del 12 de mayo de 2026 mediante un operativo policial desplegado en su residencia del sector 18 de Septiembre, en Tocoa, en simultáneo con las aprehensiones de Ramos Gallegos y Méndez. Fúnez ejerció la alcaldía de Tocoa desde el año 2006, posición a la que accedió inicialmente con el Partido Liberal para luego incorporarse a las filas del Partido Libertad y Refundación (Libre) tras los sucesos políticos de 2009.
Su arresto puso fin a casi dos décadas de permanencia en el poder municipal en el departamento de Colón, en medio de constantes cuestionamientos por presunta colusión en conflictos socioambientales de la región.
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