Maquinaria pesada servía de camuflaje para el tráfico de cocaína en puertos de Sudamérica.
Una operación conjunta entre las autoridades de Perú, España y Argentina logró desarticular una red transnacional de narcotráfico tras la incautación de cinco toneladas de cocaína, valoradas en aproximadamente 250 millones de dólares.
La organización criminal empleaba una sofisticada logística que integraba rutas entre Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina, utilizando maquinaria industrial pesada como método de camuflaje para exportar los cargamentos hacia los mercados de Europa y Asia.
La investigación, difundida por el programa Cuarto Poder, reveló que la estructura delictiva operaba bajo una fachada de legalidad comercial, infiltrando incluso a funcionarios del sistema de justicia peruano para garantizar el flujo de sus operaciones ilícitas.
El esquema operativo se basaba en la modificación interna de equipos industriales como tornos, trituradoras y calderos procedentes de Colombia. Estos dispositivos metálicos eran acondicionados para ocultar cientos de kilos de clorhidrato de cocaína, permitiendo que la droga superara las inspecciones convencionales en los terminales portuarios.
Según los reportes policiales, la red prefería utilizar puertos alternos como Paita, en Piura, para evitar la rigurosa fiscalización del Callao. Entre 2020 y 2024, se registraron envíos sistemáticos, destacando el decomiso de 800 kilos en Paita y otra intervención de 500 kilos en el puerto de Algeciras, España, lo que confirmó el alcance global de la organización.
Uno de los hallazgos más críticos de la investigación es la implicación de Mario Isaac Moncada Marchena, perito contable de la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Norte, quien presuntamente actuaba como coordinador logístico local.
Moncada habría utilizado sus conocimientos técnicos y legales para fundar empresas fachada, como Import and Export Mobile S.A.C., destinadas a otorgar una apariencia legítima al movimiento de la maquinaria contaminada.
Actualmente, el funcionario se encuentra prófugo de la justicia, mientras que otros empresarios, como Luis Antonio Ruíz Álvarez, son investigados por gestionar sociedades que simulaban transacciones comerciales para dar trazabilidad legal al transporte de la sustancia ilícita.
El éxito de la intervención fue posible gracias al trabajo articulado entre la Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la PNP, la DEA de Estados Unidos y las fuerzas policiales de Argentina y España.
El balance del operativo incluye la detención de 15 ciudadanos de diversas nacionalidades: siete españoles, cuatro argentinos y cuatro peruanos.
Las autoridades estiman que la red movilizaba capitales cercanos a los 100 millones de dólares por cada envío exitoso hacia Europa, cifra que se duplicaba en el mercado asiático.
Las investigaciones continúan abiertas para identificar a los financistas principales y neutralizar las ramificaciones económicas de esta estructura criminal en la región.
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