Un pago de 63 soles por ser miembro de mesa, adhesión digital a cargo de Reniec para las organizaciones políticas, menos afiliados para cada comité partidario, mayores desarrollos de programas educativos, entre otros, fueron las propuestas de los funcionarios que se presentaron el martes 29 en la Comisión de Constitución.
Estas se incorporarán como mejoras al documento de trabajo de la Comisión de Constitución para el Título Preliminar y el Título I de los proyectos de Ley 1313/2016-JNE que propone la Ley del Código Electoral y 1751/2017-CR, que propone la Ley Electoral.
La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Rosa Bartra, manifestó que el documento que se viene trabajando desde hace una semana, entre la comisión y los funcionarios, es para llegar a consensos en los cambios del sistema electoral que permitan fomentar la participación ciudadana en los procesos y garanticen la autenticidad de los mismos.
Se presentaron Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones; Manuel Francisco Cox Ganoza, jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales; y Bernardo Pachas Serrano, jefe interino del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
La propuesta más resaltante para el Título I del proyecto de Ley Electoral consiste en un mecanismo para lograr la mayor y mejor asistencia de los miembros de mesa, lo que constituye el otorgamiento de incentivos para realizar su labor.
Entre ellos, está el incentivo económico (1.5% UIT=63 soles) que, a criterio de la ONPE, resultaría más eficaz, así como un día descanso remunerado.
En otro momento, la congresista Lourdes Alcorta manifestó que con la gestión de Mariano Cucho no se repartieron las máquinas para el voto electrónico que fomentaban la familiarización con los mismos en diferentes centros, pese al compromiso del ex jefe de la ONPE.
“Hubo una intención para que la gente no supiera votar”, remarcó. Así también indicó que la ONU recomendó que no se emplee el voto electrónico porque no garantiza la fiabilidad de un proceso electoral transparente.
Otra problemática puesta en relieve fue la transhumancia, evidenciada con la denuncia del congresista Francisco Villavicencio (FP) quien indicó que en La Punta viven 3 mil personas, pero votan 7 mil.
Ante esto, el jefe interino de Reniec manifestó que se puede denunciar esta práctica y lo verificaría. Aprovechó la oportunidad para pedir mayor presupuesto que garantice la fiscalización en el tema. “Cerramos lo padrones un año antes a las elecciones”, añadió.
Sobre la huella digital, la legisladora Luz Salgado manifestó que a muchos no se les reconoce la misma, por lo que no sería un mecanismo efectivo; a este llamado de atención se sumó la presidenta Bartra y la parlamentaria Alcorta.
Reniec respondió que se toman 10 huellas y se envían a las entidades financieras y notarías para que estas pidan al ciudadano el dedo con la huella más clara para realizar sus operaciones.
Sobre el tema educativo de las tres instituciones, rechazaron la posición de la mesa al afirmar que se repiten funciones, manifestando que cada institución educa en sus diferentes rubros con el fin de acercar más a la ciudadanía a estos procesos y contravendría la Constitución si se modifica la materia.
AMAZONÍA
Posteriormente, se debatió el dictamen de los proyectos de ley 3550, 3638, 3649 y 3788, que proponen derogar el Decreto Legislativo 1429 que actualiza y fortalece la gestión institucional de los órganos colegiados del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) y restituye la vigencia de los artículos 11 y 12 de la Ley 23374.
Las iniciativas fueron de los grupos parlamentarios Frente Amplio, Fuerza Popular y Nuevo Perú.
Al, respecto la parlamentaria Tamar Arimborgo (FP) dijo que el Ejecutivo se excedió en las facultades y el congresista Carlos Tubino (FP) que el decreto 1429 afectaba los derechos de las comunidades nativas. La propuesta se aprobó por mayoría con las abstenciones de los legisladores César Acuña (APP) y Lourdes Alcorta (FP).
