El requerimiento acusatorio alcanza al exministro por presuntas irregularidades en la contratación de Anatoly Bedriñana durante su gestión en el sector.
El Ministerio Público solicitó siete años de pena privativa de la libertad contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez por la presunta comisión del delito de colusión. La acusación se fundamenta en su supuesta intervención irregular para la contratación de su allegado Anatoly Bedriñana como consultor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) en el Ministerio del Interior (Mininter) durante el año 2024.
El requerimiento acusatorio, formulado por la fiscal anticorrupción Diana Paico, plantea además 23 años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública y la privación de honores o distinciones institucionales.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos se originaron el 16 de abril de 2024, cuando Santiváñez ejercía como jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Mininter. Según la Fiscalía, en esa fecha el funcionario recibió en su despacho a Bedriñana para coordinar la ocupación de una plaza vacante como consultor FAG en el Viceministerio de Seguridad Pública. El currículum entregado fue derivado al entonces viceministro Julio Díaz, quien tramitó formalmente la solicitud de contratación ante la Secretaría General al día siguiente.
Posteriormente, tras asumir Santiváñez el despacho del Viceministerio de Orden Interno y, más adelante, la titularidad del Mininter en mayo de 2024, Bedriñana fue promovido a nuevas asesorías en ambas dependencias a requerimiento directo del propio funcionario. Por este caso, la Fiscalía solicitó también cinco años de prisión para Anatoly Bedriñana y cuatro años para el exviceministro Julio Díaz, con penas de inhabilitación de 15 y 10 años, respectivamente.
En sus declaraciones públicas, Juan José Santiváñez rechazó la acusación fiscal, tildándola de débil e inconsistente por basarse en presunciones sin respaldo probatorio. Si bien admitió su relación de amistad con Bedriñana, sostuvo que carecía de atribuciones legales para efectuar de forma directa las contrataciones señaladas y argumentó que el procedimiento administrativo corrió por cuenta de las instancias viceministeriales competentes. El exministro ratificó que sus abogados buscarán desestimar los cargos durante la fase de control de la acusación ante el Poder Judicial.
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