La denuncia se centra en la agresión a cuatro comunicadores que, aun portando credenciales, sufrieron perdigones y golpes de agentes de la PNP.
La Fiscalía de Derechos Humanos y Contra el Terrorismo inició una investigación preliminar para esclarecer los presuntos ataques cometidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) contra periodistas durante las protestas de la llamada Marcha de la Generación Z, realizadas el 20 y 21 de septiembre de 2025 en el Centro de Lima.
La indagación, a cargo de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada, se centra en los posibles delitos de lesiones y abuso de autoridad. La Fiscalía indicó en una nota oficial que el objetivo es asegurar toda la información disponible para determinar las responsabilidades.
Los hechos que motivaron la investigación se refieren a las agresiones sufridas por comunicadores y manifestantes durante la cobertura de las marchas juveniles. Al menos cuatro periodistas reportaron haber sido víctimas de disparos de perdigones y golpes por parte de las fuerzas del orden, a pesar de estar plenamente identificados con sus credenciales de prensa.
Entre los agredidos figuran Jahaira Pacheco y el camarógrafo Percy Grados, ambos de Exitosa Noticias, quienes recibieron impactos en las piernas mientras transmitían una detención. «Nos han impactado tres veces y a mi camarógrafo una, incluso nuestras prendas quedaron perforadas”, relató Pacheco.
Otros casos incluyen a Diego Quispe, reportero de Ojo Público, herido con tres impactos de perdigón (dos en la espalda) pese a mostrar sus credenciales. Asimismo, el fotógrafo Gabriel García Barandiarán, del mismo medio, sufrió golpes con varas policiales en las rodillas mientras documentaba los incidentes. Junto a los periodistas, al menos cinco manifestantes resultaron heridos por perdigones y el uso directo de cartuchos de gas lacrimógeno disparados contra sus cuerpos, una práctica que está prohibida por los protocolos internacionales.
La investigación del Ministerio Público incluye la recolección y análisis de evidencias balísticas y audiovisuales. La Fiscalía está asegurando información proveniente tanto de cámaras municipales y de instituciones privadas, como de imágenes difundidas a través de redes sociales y fuentes abiertas.
Por su parte, la Policía Nacional del Perú sostuvo, a través de su cuenta en la red social X, que su actuación tuvo como «único propósito mantener el orden público y la seguridad» de manifestantes, transeúntes y trabajadores. Sin embargo, los testimonios y las imágenes difundidas por diversos medios de comunicación y organizaciones civiles contradicen la versión oficial y ponen en cuestión los protocolos de uso de la fuerza.
Las agresiones han provocado un fuerte rechazo de organismos de defensa de la libertad de prensa y derechos humanos. El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) condenó los hechos y exigió sanciones inmediatas para los responsables. La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos pidieron al Ministerio del Interior y a la PNP asumir responsabilidad y garantizar que no haya nuevos ataques contra la prensa en futuras movilizaciones.
Según datos de la ANP, entre enero y julio de 2025 se registraron al menos 180 ataques contra periodistas y dos asesinatos en el país, lo que duplica los registros de años anteriores. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) advirtió que el año 2025 representa el periodo más crítico para la labor periodística en Perú desde la década de 1990.
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