El fiscal superior Frank Almanza advierte que la minería ilegal rodea el paralizado proyecto Conga y amenaza con desatar en Cajamarca un nivel de violencia superior al de Pataz.
El fiscal superior Frank Almanza, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA), advirtió sobre el avance de la minería ilegal en las inmediaciones del proyecto Conga, en la región Cajamarca. El magistrado señaló que la problemática en esta jurisdicción podría superar en magnitud a los hechos registrados en Pataz (La Libertad), debido a la dispersión geográfica de los yacimientos ilícitos.
Según el representante del Ministerio Público, la ruta entre Hualgayoc y Bambamarca registra una persistente actividad extractiva no autorizada en áreas próximas al proyecto paralizado desde 2011. Si bien no se ha determinado con exactitud el porcentaje de terreno comprometido, la fiscalía identificó al menos diez puntos críticos de expansión en localidades como Algamarca, Chugur, Tanlayoc, Celendín, Bambamarca y Sorochuco.
El fiscal superior detalló que la penetración de la minería ilegal facilita el ingreso de bandas criminales armadas. Este proceso suele iniciar con la oferta de servicios de protección a los extractores informales, para derivar paulatinamente en el control hegemónico de la cadena productiva mediante el cobro de cupos, la venta exclusiva de insumos y el monopolio en la comercialización del mineral, siguiendo esquemas observados previamente en Puerto Maldonado.
En ese contexto, Almanza alertó sobre indicios de presencia de la organización criminal «Los Pulpos» en el distrito de Sorochuco. Asimismo, destacó que la elevada ley del mineral en Cajamarca —con una cotización estimada en 500 soles por gramo de oro— dota a estas redes ilícitas de una alta capacidad de financiamiento para sostener sus operaciones y disputar el control territorial.
Riesgos de corrupción institucional y dispersión del fenómeno
A diferencia de la concentración delictiva observada en la provincia de Pataz, la dispersión de los focos de extracción en diversos municipios cajamarquinos complejiza las labores de interdicción por parte de las fuerzas del orden. Esta condición incrementa los riesgos de violencia e impacto ambiental en zonas de cabecera de cuenca.
Finalmente, el titular de las FEMA advirtió sobre el potencial de interferencia del capital minero ilegal en el ámbito político regional y nacional. De acuerdo con el magistrado, los altos flujos de dinero generados por esta actividad informal representan un factor de riesgo para el financiamiento no declarado de candidaturas a gobiernos locales, regionales y al Congreso de la República.
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