La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, ha solicitado formalmente al Poder Judicial que declare ilegal el partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. La solicitud, de 364 páginas, acusa al partido de llevar a cabo «actividades contrarias a los principios democráticos».
El documento detalla múltiples acusaciones, incluyendo la supuesta vulneración sistemática de derechos fundamentales y la promoción de ataques contra jueces, funcionarios públicos, opositores políticos y periodistas. También se señala que Fuerza Popular ha perseguido a individuos por su posición política y que promueve la exclusión de congresistas de su bancada por disidencia.
Además, la fiscalía sostiene que el partido ha justificado «atentados contra la vida» de las víctimas del conflicto armado interno y ha legitimado la violencia como una herramienta política.
Según la fiscal Espinoza, estas acciones son violaciones directas de la Ley de Organizaciones Políticas de Perú. Por esta razón, su petición busca la cancelación de la inscripción de Fuerza Popular en el registro de partidos y su exclusión de las próximas elecciones generales.
Keiko Fujimori califica de «antidemocrático» el pedido para ilegalizar a Fuerza Popular
Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, criticó la solicitud de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para ilegalizar su partido, calificándola de «abiertamente antidemocrática».
En un mensaje en redes sociales, Fujimori expresó su confianza en que el pedido no prosperará, especialmente a tan pocos meses de las Elecciones Generales de 2026. «Nos investigaron 10 años y no encontraron nada», afirmó. «Mil veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron. ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?».
La ex-candidata presidencial también acusó a la fiscal Espinoza de dañar a su propia institución con «cortinas de humo» en lugar de enfocarse en combatir la delincuencia. Además, hizo alusión al proceso que la fiscal enfrenta ante la Junta Nacional de Justicia.
Fujimori concluyó su comunicado alertando a la comunidad internacional sobre lo que considera un «grave atentado contra la democracia» por parte de una «fiscal politizada».
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